La jueza federal de la Seguridad Social Adriana Cammarata ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que restablezca "en forma inmediata" las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja sin resolución fundada. Se estima que son 126 mil en todo el país.
Así lo dispuso al admitir la medida cautelar solicitada por la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Previo a arribar a tal conclusión, la jueza rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia planteada por la demandada, apoyándose en lo dictaminado oportunamente por el fiscal Gabriel de Vedia.
Según informó la página oficial fiscales.gov.ar, el representante del Ministerio Público Fiscal había expuesto en su dictamen los argumentos por los cuales la temática ventilada en la causa resultaba competencia del fuero de la Seguridad Social.
Luego de ello, manifestó su opinión en torno a que corresponde otorgar la cautelar solicitada con el objeto de restituir las percepciones dadas de baja de todas las personas con discapacidad en igual situación y volver a gozar del Programa Incluir Salud.
El representante del Ministerio Público concluyó que "la afectación de los derechos de una persona con discapacidad implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social. En razón de tal conclusión, se advierte que la acción de amparo resultaría viable, por cuanto la baja del beneficio de pensión por discapacidad en forma unilateral y sin revisión o análisis previo conllevaría una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta".
"La afectación de los derechos de una persona con discapacidad implica ignorar los principios que informan el Derecho de la Seguridad Social", fundamentó De Vedia.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había presentado un escrito para dilatar la decisión de la Cámara de Apelaciones.
Tras haber apelado la cautelar a favor de los damnificados de todo el país, la cartera que conduce Carolina Stanley había sumado otro escrito en el que intentaba convencer al tribunal de segunda instancia que la causa habías devenido abstracta porque ya se rehabilitaron las pensiones antes del dictado de la cautelar.
Para argumentar que hubo restitución de ese derecho, el Ministerio adosó un listado que consta de 9.728 pensiones rehabilitadas.
Pero según los denunciantes, esto era solo un 7,7 por ciento del total que se había dado de baja.
A esta situación se sumaba que el gobierno se negaba a dar a conocer el listado de beneficiarios a los que se les suspendió la pensión.
La Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad), que promocionó la medida cautelar, elevó su descargo para que "se rechace el planteo dilatorio presentado por el Estado" y se establezca un plazo perentorio de 48 horas para su cumplimiento "bajo apercibimiento de sanciones conminatorias para la ministra".
El gobierno insistió con su estrategia de no sincerar los ajustes hasta después de las elecciones de octubre y evitó dar precisiones sobre los que ya aplicó.
Sólo en el primer semestre de este año hubo 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja, que se suman a las del año pasado, dando un total de más de 126 mil, de acuerdo a los datos de la Fundación Soberanía Sanitaria.
Distintas ONG, asociaciones civiles y fundaciones encabezaron demandas contra la decisión de eliminar sin trámite administrativo las pensiones no contributivas en general (175 mil), dentro de las cuales el 72 por ciento son por casos de invalidez.
La propiedad de Buenos Aires al 1000 está vinculada a Lelo Pérez, expareja de Vicky Xipolitakis
Por Lucas Ameriso
