Buenos Aires.- El juez federal Norberto Oyarbide confirmó hoy que continúa a la espera de una respuesta del gobierno sobre su pedido de intervención de la obra social del sindicato conducido por Juan José Zanola y dijo que su “función se ha agotado” en relación a ese tramo de la causa en la que investiga la presunta mafia de medicamentos adulterados.
“Hasta el presente no. No tengo respuesta oficial” al respecto, remarcó el magistrado para resaltar después que “la (eventual) resolución es sólo una acción administrativa del gobierno nacional”.
“Mi función se ha agotado. Eso (por lo que ocurra sobre el asunto) ya depende del Poder Ejecutivo” de la Nación, concluyó.
El juez envió ayer un oficio al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, solicitándole la intervención de la obra social del sindicato bancario.
Durante esa jornada, Oyarbide precisó que tomó esa decisión porque consideró “oportuna la intervención de la obra social” y expresó que “así se debe proceder” desde su función.
Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, negó que la Provincia le haya comprado medicamentos a dos sociedades comerciales atribuidas al detenido empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, investigado por encabezar una supuesta mafia de remedios adulterados.
“Nosotros nunca le hemos comprado a esas droguerías”, afirmó Zin, luego de que trascendiera que las firmas Congreso Salud y Farmaline, que pertenecerían a Lorenzo, fueron proveedoras del Estado bonaerense.
El funcionario, además, reclamó que se implemente “un listado oficial” para que se aclare “cuáles son las droguerías a las que no hay que comprarle nada”, para “dejar de caminar por espacio muy estrecho de riesgo”.
El viernes último, Oyarbide ordenó un segundo allanamiento en el Policlínico Bancario, situado en el barrio porteño de Caballito, donde fueron decomisadas 20 cajas de remedios, historias clínicas y documentos relacionados con la droguería San Javier, uno de los principales proveedores del sindicato conducido por Zanola.
“El allanamiento realizado en el Policlínico tuvo un resultado muy positivo para la causa, porque se ha podido localizar documentación que acredita todo el contacto comercial entre la obra social y la droguería San Javier”, aseguró el magistrado durante esa jornada.
Oyarbide, asimismo, recordó que en los procedimientos fue allanado el despacho de Paula Margarita Aballay, pareja de Zanola.
Además, sostuvo que “se continúa con los testimonios de diversas personas que lograron sobrevivir a todos estos embates” de medicamentos adulterados que consumieron en sus respectivos tratamientos médicos.
“También, el juzgado tiene la nómina de personas fallecidas a raíz de todos estos tratamientos”, agregó el magistrado.
En tanto, el sindicalista bancario Hugo Dessal denunció que recibió amenazas por aportar pruebas para la causa judicial y afirmó que “la mano del Gobierno está protegiendo” a Zanola.
Dessal involucró también a la esposa del jefe del gremio bancario porque consideró que “tenía un rol muy importante” y “manejaba los medicamentos”.
Precisó que, “en el expediente, consta que hay una resolución firmada por Zanola donde le da el poder para que haga ilimitadas cosas en el Policlínico Bancario”.
Por último, al ser consultado sobre si Zanola tuvo algún vínculo con las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Dessal dijo que “hay testigos que lo han visto” a Damián Ferrón en la sede de la obra social y citó el testimonio que brindó su viuda, Mariel Izquierdo, quien confirmó también la relación de su marido con el jefe sindical. (DyN)
Se convalidó una de las sentencias ambientales más importantes de la Argentina, un antecedente que influirá en conflictos similares de todo el país
