Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de regularización de dominio de más de 4.400 asentamientos precarios de todo el país. Con 194 votos, fue aprobada la iniciativa que crea un "régimen de integración socio-urbano y regularización dominial". Esto significa que los habitantes serán finalmente propietarios legales de las viviendas que hoy habitan.
La norma de regularización dominial, propuesta y trabajada por el Ministerio de Desarrollo Social, declara la "utilidad pública" y sujeto a expropiación de las tierras (en gran medida privadas) donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales. De acuerdo al texto, el "expropiante" será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en conjunto con la cartera nacional deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la ciudad de Buenos Aires, para transferir los inmuebles.
El proyecto establece que los gastos que implique el proceso "serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes", al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso "con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias".
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, explicó que "regularizar el dominio significa que las personas que viven en estos barrios y que han construido sus casas van a acceder finalmente a la propiedad y a la parcela que ocupan, con todas las de la ley". La idea es que "al cabo de un tiempo" ya "no haya más barrios populares en los cuales sus habitantes no sean propietarios de la casa que habitan y la parcela en la que han construido". La normativa define como barrio popular a aquellos en los que residan "un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal". Además, mientras que se lleve adelante el proceso de regularización dominial quedarán suspendidos por cuatro años los eventuales desalojos de tierras.
La apertura de sobres se realizó este jueves. El presupuesto es de $12.600.000.000. Buscan que las obras estén listas para el próximo verano