Este jueves por la mañana profesionales, instituciones y trabajadores del sector de la discapacidad concentraron en la plaza 25 de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley de emergencia aprobada por el Congreso nacional.

"Trabajamos todo el año pasado para la ley pero el gobierno nacional decide no cumplirla", se quejó Pablo Bolego, referente de los transportistas del sector
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Profesionales, familias y transportistas reclamaron por el cumplimiento efectivo de la ley de emergencia en discapacidad.
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Este jueves por la mañana profesionales, instituciones y trabajadores del sector de la discapacidad concentraron en la plaza 25 de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley de emergencia aprobada por el Congreso nacional.
La concentración comenzó pasadas las 10.30 en la plaza 25 de Mayo, de Buenos Aires y Santa Fe. "Estamos muy cansados, trabajamos todo el año pasado para la ley, que pudimos conseguir, pero el gobierno nacional decide no cumplirla", se quejó Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes).
En contacto con LT8, Bolego contó que la ley, ratificada por el Congreso tras el veto de Milei, aun no se implementa ni se reglamenta. Y explicó: "Nos encontramos con una situación límite, porque cuando se descubre que la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) es una antro de corrupción deciden disolverla y pasar a una secretaría que depende del Ministerio de Salud, se burocratiza todo y ahora nos dicen que no están pudiendo pagar".
En septiembre pasado el Senado nacional dejó firme la ley emergencia en discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Milei. La norma establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
A principios de febrero, tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el gobierno reglamentó la ley de emergencia nacional en discapacidad. En paralelo, designó a tres funcionarios en el área, entre ellos a Alejandro Alberto Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), como titular de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
Bolego contó que desde octubre del año pasado los prestadores del sector —como transportistas y terapeutas— no están cobrando por su servicio. "Así es imposible continuar con esto, las prestaciones que brindamos las tiene que cubrir el Estado para garantizarle el derecho a la persona con discapacidad y darles mayor calidad de vida", apuntó el referente de Atraes.
La movilización de esta mañana apuntó a interpelar al Estado ante la falta de respuestas que afectan la continuidad de servicios esenciales, tratamientos y el bienestar general de las personas con discapacidad.
La reanudación urgente de pagos en Incluir salud y Pami y la implementación de la ley de emergencia en discapacidad adecuada a las condiciones sociales del contexto fueron algunos ejes de la convocatoria.
"Es una situación grave, mucha gente dejó de prestar el servicio, se ha endeudado y están cerrando centros. En abril hay muchos que no van a poder abrir sus puertas, porque no pagan y no aumentan las prestaciones", destacó Bolego.


