Fuerzas especiales se movilizaron por una amenaza de volar Lollapalooza

Una amenaza de bombardear con drones el festival musical Lollapalooza del viernes en el Hipódromo de San Isidro, en la que un usuario de la red social Twitter se identificó como un miembro del grupo terrorista Estados Islámico (Isis), obligó a una rápida movilización de fuerzas especiales y de seguridad y a la intervención de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, publicó el diario Ambito Financiero.

Mientras la atención de los dispositivos de seguridad e inteligencia estaban puestos en la prevención de inconvenientes en la cumbre de ministros de Economía y Finanzas de los países del G20, una amenaza en redes sociales provocó el viernes la alerta máxima del gobierno nacional. En mensajes publicados en Twitter un usuario identificado como parte de la organización terrorista Isis amenazaba con efectuar "un ataque con explosivos lanzados desde drones" durante la primera jornada del festival musical Lollapalooza, que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro, durante el fin de semana pasado.

Una vez detectada la amenaza, los investigadores del área de ciberterrorismo de la Policía Federal establecieron que el grado de verosimilitud ameritaba prestarle atención y efectuaron la presentación correspondiente ante la Justicia federal. La causa quedó radicada en el Tribunal de San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tras verificar el contenido de la denuncia resolvió inmediatamente ordenar un operativo en el que participaron 1.500 efectivos de las fuerzas de seguridad, al que se sumaron oficiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Había varias situaciones que debíamos considerar", explicó uno de los investigadores a cargo de la pesquisa. "En primer lugar, la gran cantidad de personas convocadas ese día (se calculaba una asistencia de aproximadamente 100 mil personas), que dificultaban las tareas de control en los accesos; pero también teníamos que tener en cuenta como extremadamente sensible la presencia de personas públicas que podían ser considerados como objetivos de grupos violentos extremistas", completó una fuente del Departamento de Unidad e Investigación Antiterrorista. El festival, propiedad del empresario Diego Finkelnstein, quien compró la licencia del encuentro estadounidense hace cuatro años, concita la atención mundial ya que participan artistas reconocidos de la escena internacional.

Por eso, además de los famosos ligados al universo del espectáculo, hubo funcionarios nacionales y provinciales: el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el titular de la AFI, Gustavo Arribas; y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; acompañados de sus respectivas familias. Entre el público asistente se encontraba también la hija mayor de la magistrada.

Si bien es cierto que se realizaron más cacheos que los habituales y se prestó particular atención a las pertenencias con las que los asistentes ingresaban al predio, la mención de un dron en la amenaza obligó también a los policías a destinar esfuerzos para prevenir cualquier ataque que pudiera provenir de un artefacto aéreo. Al promediar la primera jornada del festival y luego de adoptadas las medidas de seguridad, Arroyo Salgado requirió un informe al comisario Néstor Roncaglia, quien supervisó minuto a minuto el operativo.

"En estos casos, es muy difícil asegurar que están todas las garantías, pero estábamos convencidos de que la amenaza se había disipado, así se lo transmitimos a la jueza", confirmó el informante.

"A tal punto llegó la tensión que en un determinado momento el recital estuvo por suspenderse, lo cual hubiera generado un gran inconveniente", confirmó uno de los responsables del operativo.

Gracias a la intervención de uno de los funcionarios presentes, la jueza desestimó la posibilidad, teniendo en cuenta que las complicaciones que podría ocasionar el desalojo de miles de personas del predio podían ofrecer un flanco más vulnerable para cualquier posible ataque.