La comisión especial impulsa una reforma con Anmat como uno de los ejes principales. También avala la acusación contra HLB Pharma y Laboratorio Ramallo
Foto: Cámara de Diputados de la Nación.
Familiares de víctimas del fentanilo participaron del encuentro.
Después de dos meses de trabajo, la comisión de seguimiento e investigación sobre el fentanilo contaminado y adulterado presentó este martes su informe final con 20 recomendaciones en la Cámara de Diputados de la Nación. "Queremos que haya un antes y un después", reclamó Mónica Fein, titular del cuerpo especial.
El documento apunta a darle continuidad a la labor que comenzó a fines de septiembre y generar una reforma normativa desde distintos puntos de vista. Además del control y la prevención, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Silvana Giudici, planteó: "Queremos cambiar el sistema de salud pública y privada de Argentina para que, cada vez que haya una víctima, haya un Estado que pueda darle respuesta".
Con más de un centenar de muertes confirmadas en el país por el uso del fármaco contaminado, la reunión en Buenos Aires volvió a poner a HLB Pharma y Laboratorio Ramallo como uno de los principales responsables de la tragedia sanitaria. Los diputados no sólo se refirieron a las gravísimas irregularidades en la fabricación, sino al incumplimiento posterior de la primera empresa en mayo, cuando llegó la orden de retirar del mercado las ampollas de los lotes denunciados.
Uno de los pilares de las recomendaciones del informe es el material que aportó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata, donde se tramita la causa por los fallecimientos. Su titular, Ernesto Kreplak, advirtió que en Argentina no existe un monitoreo estatal en tiempo real de los registros de producción de medicamentos, algo que favoreció la conducta dolosa de las firmas que elaboraron el fentanilo.
"En la actualidad, la autoridad de control depende exclusivamente de la información que los laboratorios decidan conservar y aportar con posterioridad a la elaboración, lo cual impide el control previo de los lotes antes de su salida al mercado y habilita la confección de registros con posterioridad a los hechos", indicaron quienes integran la comisión. Asimismo recordaron que la contaminación microbiana se produjo "al momento de la fabricación en el Laboratorio Ramallo".
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El cuerpo legislativo especial fue contundente en cuanto al vínculo ente las falencias estatales y la conducta dolosa de las empresas: "Existió un relajamiento generalizado de los controles internos y un desapego a la regulación vigente que gobernaron la producción". Asimismo, el documento subraya que hubo "alertas previas sistemáticamente incumplidas" en torno a las buenas prácticas de elaboración.
El marco normativo referido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es uno de los temas más importantes a revisar en paralelo con el avance de la causa penal que tiene como principal imputado a Ariel García Furfaro entre las 14 personas procesadas. La comisión propuso la sanción de una ley que formalice el decreto 1.490/92, el cual determinó la creación del organismo de control.
La trazabilidad y la acción coordinada de los efectores es otro de punto importante dentro de las conclusiones sobre el impacto que tuvo la crisis del fentanilo. En este sentido, el informe incluye un requerimiento al Ministerio de Salud de la Nación para montar impulsar una articulación entre el sector público y privado con el fin homologar los procesos de comunicación y respuesta frente a situaciones de afectación general de la salud pública.
Entre los familiares que asistieron a la reunión de este martes, Alejandro Ayala propuso la conmemoración del "Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo y la Seguridad Farmacológica". A continuación sugirió elegir el 13 de mayo, cuando comenzó la investigación judicial en la capital de la provincia de Buenos Aires.
"El resultado de este informe es un punto de partida", sostuvo uno de los asistentes regulares dentro del grupo de colaboradores que se formó en la Cámara baja para pedir justicia por las muertes registradas este año. En este sentido, aseveró: "Nosotros recién empezamos. Nos queda una larga agonía, pero vamos a seguir peleando porque violaron el derecho a la vida y a la dignidad humana".
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Sandra Altamirano se mostró conforme con las 20 recomendaciones, aunque consideró que el documento final debe ser más enfático en cuanto a las responsabilidades políticas y judiciales. "No nos llevamos lo que veníamos a buscar, pero estamos en camino", manifestó.
Finalmente, Ivana Esteban consideró que el informe es un "paso adelante", pero está lejos de ser un punto de llegada frente a "un sistema que está legislativamente obsoleto y un Poder Ejecutivo que no pudo dar respuestas", tanto a ella como al resto de las familias damnificadas. Luego concluyó: "Lo que se viene es todavía más difícil y nos tiene que encontrar juntos con el mismo propósito".
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