Tampoco fueron representantes de la Anmat. Desazón y furia por la falta de respuestas de los funcionarios del gobierno nacional. Volvieron a convocarlos para la próxima semana
Foto: Leonardo Vicenti / La Capital
En octubre, Rosario fue sede de la primera movilización federal por las víctimas de fentanilo contaminado
Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado estallaron tras asistir a la última comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga la causa. La ausencia del ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y de autoridades de la Anmat provocaron el enfurecimiento del grupo que viajó desde Rosario hasta Capital Federal en busca de respuestas.
La semana pasada, la comisión que preside Mónica Fein envió una citación para cuatro funcionarios públicos con el objetivo de ofrecer respuestas a las familias que asisten, semana tras semana, para presenciar la actividad del cuerpo legislativo que busca determinar las implicancias políticas sobre el opioide contaminado.
En primer lugar, recibió la invitación Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, y junto a él se esperaba la presencia de Agustina Bisio, administradora nacional de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), de Gastón Morán, director del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y de Juan Carlos Fernández, representante de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos de Anmat. Pero ninguno de ellos se presentó y, en su lugar, enviaron un escrito de casi 30 hojas, dejando nula la posibilidad de repreguntas o intercambios espontáneos con las familias.
Ante esta decisión, las familias, cansadas por el viaje y la lucha que mantienen en busca de la verdad, estallaron contra los funcionarios nacionales que brillaron por su ausencia.
El malestar fue de las familias rosarinas, de otros grupos con seres queridos víctimas del fentanilo adulterado y de los diputados de la oposición. Todos esperaban por los referentes de salud del gobierno nacional, por eso insistieron en volver a citarlos para el próximo jueves, cuando se realice un nuevo encuentro de la comisión. Además, abrieron la posibilidad de convocar a las autoridades de Salud de las provincias que cuentan con víctimas fatales reconocidas por la Justicia, que según el último informe alcanza a 124 en todo el país, de las cuales 49 son de Rosario.
Estefanía Ferrari es hija de Luis Basilio Ferrari y una cara conocida en las reuniones de la comisión investigadora. Ya sea por videollamada o asistiendo, suele alzar la voz en memoria de su papá y las familias de Rosario.
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Con los papeles en la mano, Estefanía definió a la ausencia de los funcionarios como “una falta de respeto” y negó la posibilidad de “admitir como respuesta” el documento presentado. “Nos siguen maltratando. Seguimos solos. No pueden no presentarse los funcionarios y no pueden enviarlas como si fuera un trabajo práctico”, arremetió.
La mujer pidió un “cara a cara” con Lugones y el resto de las autoridades porque las hojas presentadas a la comisión “no es una respuesta porque son funcionarios y tienen el deber de estar acá con nosotros. Exijo que venga Anmat y el ministro Lugones a esta mesa. Dejen de tomarnos el pelo”.
“Como mínimo tienen que salir a dar la cara. Lo vamos a perseguir y vamos a seguir yendo a cada convocatoria. Queremos que den la cara”, cerró con efusividad.
En otro tramo de los discursos habló Carla Maino, hija de Miguel Ángel Maino y una de las primeras rosarinas en enterarse de que su padre falleció a causa de las bacterias generadas por el fentanilo contaminado. “Viajamos desde las 4 de la mañana para llegar a tiempo con la ilusión de poder tener un diálogo e interpelar a Lugones y Anmat. Estoy pidiendo que los responsables den la cara, viajamos por la posibilidad de explicaciones y no están. Dejamos de trabajar, nuestra vida personal, nuestros hijos, tenemos una implicancia económica en estar acá y acá no hay nadie”, lamentó ante la comisión.
El documento presentado por los funcionarios del gobierno nacional es para Carla “un papel donde no tenemos lugar a repreguntar de manera espontánea” y lanzó: “Es muy fácil cuando uno se sienta en una computadora y puede pensar protocolarmente”.
Carla impulsó, junto a Vanesa Vilches, el grupo de familiares de víctimas en Rosario. Preguntas, indagar por cuenta propia y leer las historias clínicas fue el camino de todas las familias, pero ella al ser la primera cara visible en la ciudad llegó a ayudar a ocho familias, que no sólo llegaban con una carpeta sino que "estaban rotas por el dolor, mientras yo estaba atravesando mi propio duelo”.
Al igual que Estefanía, para Carla “es una falta de respeto y empatía” e ironizó respecto a la ausencia de Lugones: “No sé qué tan complicada puede estar la agenda de estas personas”.
El desamparo por el faltazo de los funcionarios deja otra vez sin respuestas a las familias. Ante esto, Carla reclamó que “no se le dé más la posibilidad” de falta ni de que respondan por correo electrónico. “Nos deben respuestas y respeto porque todo lo que hicieron llegó tarde, a destiempo y no fue suficiente”, finalizó.
Por último, Ivana Esteban, hija de Ángela Rosa Campos, contó que tuvo la esperanza de cruzarse con los funcionarios para pedirle “un compromiso, un acompañamiento” porque “no somos las familias las que tenemos que dedicarnos a la contención” y para exigirle “que hablen con el presidente (Javier Milei) para que en las sesiones extraordinarias se trate la ley de trazabilidad”.
En medio de los testimonios de las familias, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria, Provincia de Buenos Aires) pidió la palabra para exponer los pormenores de la investigación del juez Ernesto Kreplak en Santa Fe. El juzgado de La Plata logró detectar más de 90 mil ampollas de fentanilo contaminado en todo el país que fueron distribuidas a 51 hospitales, sanatorios y clínicas de cinco jurisdicciones: Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa.
De esos 51 efectores de salud, 22 fueron de Santa Fe los que adquirieron más de 39 mil ampollas de fentanilo adulterado (llegaron a aplicarse más de 22 mil), pero sólo en nueve identificaron casos: hospital Italiano (5 víctimas en el sur y 14 en la sede centro), Sanatorio Parque (11), Sanatorio de Niños (2), ICR (4), Sanatorio Laprida (5), Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (8), Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Santa Fe (8) y Hospital José María Cullen (2).
Tolosa Paz, vicepresidenta de la comisión investigadora, planteó que se trata de 59 victimas fatales en toda la provincia, 49 en Rosario. En este sentido, remarcó que se trata de número oficial y que "completar el mapa de víctimas va a llevar un tiempo", pero "del número de aplicación de ampollas y el saldo de víctimas es lo que el juez llama el número negro en esta provincia y en todas”.
En la jornada estuvieron presentes también los diputados nacionales Germán Martínez (Unión por la Patria, Santa Fe), Silvana Giudici (PRO, Ciudad de Buenos Aires), Mónica Fein (Encuentro Federal, Santa Fe), Eduardo Valdés (Unión por la Patria, Ciudad de Buenos Aires), Christian Carreras y Vilma Ana Ripoll (ambos del FIT-Unidad, Provincia de Buenos Aires).
En la causa judicial, que lleva adelante en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, hay 17 personas imputadas que están vinculadas a la fabricación de las ampollas del medicamento. La justicia investiga la producción y distribución de medicamentos adulterados, un posible desvío y tráfico ilegal de estupefacientes, el manejo y desvío no autorizado de fentanilo y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria y de procesos de fabricación, con el objetivo de encubrir las irregularidades en la producción, control de calidad, distribución y trazabilidad de los lotes adulterados.
En la causa del fentanilo contaminado se investiga desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo SA y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con las bacterias de Klebsiella y Ralstonia.
Según lo publicado por el juzgado de La Plata, hay notificados 124 casos de pacientes víctimas fatales del fentanilo contaminado: 59 en la provincia de Santa Fe (49 en Rosario), 54 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 en la Ciudad de Buenos Aires.
Kreplak dictó el procesamiento y la prisión preventiva para el titular del laboratorio HLB Pharma Ariel García Furfaro y para Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de García Furfaro), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi.
También dictó el procesamiento sin prisión preventiva de María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual.
La vitrina donde se encontraba había sido destruida por manos anónimas. Además, se llevaron la corona y un Rosario de la imagen que, ahora, fue restaurada. Convocaron a rezar en el lugar
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