La Policía Federal incautó más de 82.000 ampollas del medicamento adulterado durante allanamientos en cuatro provincias
Foto: PFA.
Los investigadores se llevaron cajas de fentanilo
La investigación penal sobre las muertes por el uso de fentanilo contaminado sumó en la última semana una gran cantidad de evidencia. Fuentes oficiales confirmaron este jueves el secuestro de más de 82.000 ampollas del fármaco en Santa Fe y otras provincias argentinas para retirar definitivamente todo el material contaminado.
El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata ordenó múltiples allanamientos en los distritos donde funcionan los 40 centros de salud que recibieron el medicamento producido por HLB Pharma y Laboratorio Ramallo SA. El procedimiento se desarrolló en distintas jornadas y concluyó con el traslado a dependencias estatales.
Los directivos de los efectores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Formosa recibieron notificaciones para resguardar los lotes que rastrearon los investigadores mediante actas de compromiso de depósito judicial. Luego se coordinó el envío de las cajas para que permanezcan bajo custodia en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
De acuerdo al registro oficial más reciente, 173 personas fallecieron tras el uso de fentanilo en hospitales, clínicas y sanatorios de distintas localidades. El juez federal Ernesto Kreplak procesó a 14 personas bajo sospecha de que las muertes fueron el resultado de la aplicación con ampollas contaminadas o adulteradas.
La investigación comenzó en mayo, cuando Anmat hizo una denuncia ante la división de Delitos contra la Salud Pública de la PFA. La lista inicial de la causa se refería a 58 pacientes, pero luego se extendió la cantidad de decesos sospechosos a partir de los testimonios de familiares que tomaron conocimiento de la situación tras el alerta del organismo de control de medicamentos y la prohibición del uso de los fármacos de HLB Pharma.
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Desde el inicio de la pesquisa se identificaron 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculados a la distribución en distintos puntos del país. Los análisis de los lotes en cuestión revelaron que el opiáceo estaba contaminado microbiológicamente y el suministro se convirtió en la explicación más probable sobre los fallecimientos de las personas identificadas por la Justicia.
Tras la revisión de las historias clínicas y la primera evidencia hallada, el juez bonaerense ordenó la prisión preventiva del titular del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, así como su hermano Diego y su madre Nilda, que cumple arresto domiciliario. También se aplicó esta medida cautelar en el caso de Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi.
El resto de las personas procesadas en la causa son: María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk. Todas tienen sus bienes inhibidos y ninguna puede salir del país sin autorización previa.
La Cámara de Dipuados de Santa Fe aprobó este jueves una declaración de apoyo a las familias de las víctimas del uso de fentanilo contaminado. La decisión surgió el día después de la visita de un grupo de parientes de personas fallecidas a la comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
Además del gesto de apoyo formal en la búsqueda de justicia, el cuerpo legislativo se comprometió a implementar una ley que permita mejorar los proceso de control y trazabilidad. Entre los proyectos de reforma derivados de la causa también se incluye la necesidad de garantizar el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
La diputada del Partido Socialista (PS), Varinia Drisun, consideró que es "urgente" un cambio para fortalecer el sistema de seguimiento de los medicamentos de alto riesgo. En este sentido destacó la importancia de que los organismo nacionales de supervisión cuenten con el presupuesto y los recursos técnicos y humanos adecuados a su función.
Por último, la legisladora remarcó que el informe final de la comisión especial de la Cámara baja de la Nación será una pieza clave para discutir las nuevas leyes. En cuanto al alcance de trabajo, indicó: "Analizaremos todas aquellas cuestiones que podamos complementar desde la normativa provincial para mejorar procesos de control y evitar este tipo de situaciones".
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