Menos de dos horas y media duró ayer la primera audiencia del juicio a Paolo Gabriele, el ex mayordomo del Papa acusado de ser el “cuervo” que desencadenó el VatiLeaks, la mayor filtración de documentos reservados de la Santa Sede. Comenzó a las 9.30 y terminó a las 11.45 en Ciudad del Vaticano.
A Gabriele no le fue bien. Pálido en su primera aparición pública desde mayo cuando fue detenido, sufrió el primer revés en el momento en que los jueces rechazaron admitir como prueba una investigación de la propia Iglesia.
Al ex camarero se lo vio sonreír en los instantes en que hablaba con su abogada, pero durante la mayor parte de la audiencia permaneció impasible, con la mirada colocada en el vacío.
De 46 años, acusado de utilizar su acceso al Pontífice Benedicto para robar documentos que pensó revelarían la corrupción en el Vaticano, el ex mayordomo no sólo puso en el centro de la atención mediática las supuestas malas prácticas sino también las luchas de poder en las altas instancias de la Iglesia Católica.
El presidente del Tribunal, conformado por tres jueces, confirmó lo que muchos expertos esperaban: el juicio, por el cual ex mayordomo del Papa está acusado de hurto agravado —delito por el que podría ser condenado a cuatro años de prisión—, será muy breve. “Imaginamos que cuatro audiencias la semana próxima pueden ser suficientes”, dijo Giuseppe Dalla Torre, al anunciar que la próxima audiencia será el próximo martes.
En dicha jornada será interrogado Gabriele, un hombre modesto que servía las comidas del Papa, le ayudaba a vestirse y lo acompañaba desde la madrugada hasta la noche.
En medio de inmensa expectativa mediática y bajo fuerte secretismo (ya que sólo pudieron entrar ocho periodistas que no podían filmar, sacar fotos ni grabar), en la audiencia fue presentada una lista de 13 testigos.
La abogada de Gabriele, Cristiana Arru, había pedido al tribunal que aceptase como prueba los resultados de una investigación separada de una comisión de cardenales que cuestionaba a una serie de empleados del Vaticano sobre las filtraciones de los documentos a los medios de comunicación italianos. Pero el presidente del tribunal, sentado ante un crucifijo, rechazó la petición, diciendo que la comisión había sido creada por el Papa y por tanto sus conclusiones se reservaban para él.
A cambio, las pruebas del juicio se basarán exclusivamente en los resultados de una investigación realizada por el fiscal y la policía vaticana.
El tribunal también decidió separar el caso de Claudio Sciarpelletti, un experto informático de la Santa Sede acusado de complicidad con Gabriele. Sciarpelletti, que no estaba presente en la sala, será juzgado aparte.
Según la acusación formal presentada en agosto, Gabriele dijo a los investigadores que había actuado porque vio “el mal y la corrupción en todas partes de la Iglesia” y quería ayudar a erradicarla “porque el Papa no estaba lo suficientemente informado”.
A la primera vista asistieron ocho policías del Vaticano como testigos. Otros cuatro testigos, incluido el secretario privado del pontífice, monseñor Georg Ganswein, no estuvieron presentes aunque se espera que testifiquen la próxima semana.
El juez Giuseppe Dalla Torre, en la pequeña sala forrada de paneles de madera y con el emblema papal en el techo, lo habrá de escuchar junto a los restantes dos miembros del alto Tribunal.
