Los Defensores del Pueblo de todo el país reclamaron esta semana la suspensión de la aplicación de los aumentos de tarifas en los servicios públicos, incluido el anunciado justamente estos días por el gobierno nacional para el gas. Lo hicieron en el primer plenario del año de la Asociación de Defensores del Pueblo (ADPRA), que se realizó en la ciudad de Neuquén.
Según los ombudsman, la gestión de Cambiemos ratificó con el ajuste tarifario que sigue sin contemplar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la justicia argentina.
El plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo hizo suyo el pedido del ombudsman de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y de otros de sus colegas. En su declaración final el organismo dijo que los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad.
Los defensores expresaron que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias, y afirmaron que además deben aplicarse antes de las negociaciones salariales para permitir que esas discusiones puedan medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador.
GNC y gas envasado
Los defensores pidieron que el GNC tenga un valor testigo, situación que hasta el día de hoy no existe. También solicitaron que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado como en la actualidad, ya que las personas de mayor vulnerabilidad social terminan pagando mucho más que quienes están servidos por el gas en redes.
Además, se opusieron terminantemente a los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas. Y a la vez que reclamaron que la tarifa social se incremente.
Por otra parte, exigieron de las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando, dijeron.
El nuevo incremento en la tarifa del gas se hizo público esta semana, cuando el gobierno nacional anunció subas que van desde el 20 hasta el 36 por ciento, según los casos.
El aumento promedio para el interior del país para las categorías de menor consumo llega al 34 por ciento, según el esquema tarifario difundido por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
"Nuestro objetivo no es aumentar las tarifas. Es reducir el costo de producción y generación tanto de gas como eléctrica, y mejorar la confiabilidad del sistema, tener presión de gas en invierno y menor cantidad de cortes en verano. La consecuencia de no haberlo hecho en los últimos 12 años es donde estamos, un sistema en crisis de la que estamos saliendo", justificó Aranguren.
Con participación local
La reunión de los defensores se realizó desde el jueves en Neuquén, con la participación del ombudsman santafesino. Se trata del primer plenario de este año de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, durante el cual Lamberto brindó un informe sobre sus participaciones como representante de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en la cumbre del Hábitat, convocada por la ONU en Quito, y en la asamblea del organismo en Tenerife.
Durante las deliberaciones en la capital neuquina, Lamberto reiteró algo que ya había dicho en otros foros y públicamente: la necesidad de revertir la situación de desigualdad de aquellos beneficiarios de rentas vitalicias previsionales, quienes sufren un claro perjuicio en la percepción de sus haberes ya sea por cobrar menos que el haber jubilatorio mínimo o bien por estar impedidos de gozar del beneficio de la movilidad.
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