El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó este viernes la ley que prohíbe de hecho a todos los partidos opositores. Lo hace prohibiendo a cualquier persona involucrada en "actividades extremistas" presentar su candidatura en elecciones locales y federales. Las víctimas directas son los partidos y figuras de la oposición, ya muy acorraladas y asediadas por los servicios de inteligencia del Kremlin. Pero es a la vez una confesión tácita de debilidad electoral de parte de Putin y su facción. Parecen admitir que solo prohibiendo la competencia puede mantenerse en el poder. Los sondeos confirman el mal momento de Putin, en el poder desde 1999.
La ley, que afecta especialmente al movimiento del encarcelado líder opositor Alexei Navalny, fue aprobada unánimemente esta semana por el Senado y la pasada por la Duma o Cámara Baja.
Los fundadores y responsables de esas organizaciones “extremistas o terroristas” no podrán ser elegidos durante cinco años desde la entrada en vigor de un fallo judicial sobre la liquidación o prohibición de esas estructuras, plazo que en el caso de los empleados y miembros será de tres años.
Además, la medida es retroactiva, motivo por lo que fue rechazada en la Duma por la oposición y fue considerada “anticonstitucional” por los partidarios de Navalny y el Partido Comunista.
“En Rusia se ha adoptado una ley que reconoce como cómplices de extremismo todos aquellos que estén vinculados, de alguna forma, con Navalny. Esta ley apesta a fascismo”, dijo en Twitter Iliá Yashin, aliado del líder opositor.
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Serán vetados los que ejercieron un cargo de responsabilidad en organizaciones declaradas extremistas por un juez tres años antes del fallo y los miembros, un año antes.
También pueden ser vetados aquellos que apoyen esas organizaciones, ya sea mediante donaciones, asesoramientos o declaraciones de respaldo en Internet. Un simple “me gusta” en las redes sociales puede ser motivo de rechazo de la candidatura.
Según colaboradores de Navalny, la ley podría afectar a más de 200.000 personas que trabajaron o colaboraron con sus organizaciones.
El 9 de junio comienza el juicio que podría declarar extremistas las organizaciones sin ánimo de lucro fundadas por Navalny: Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) y la red de oficinas del movimiento del líder opositor.
Sin embargo, la norma no se aplicará a las elecciones que ya hayan sido convocadas antes de su entrada en vigor. Es decir, no afectará a las legislativas de septiembre.
La oposición acusa al Kremlin de lanzar una campaña de “persecución judicial” y “purga política” de cara a las elecciones a la Duma, que comenzó con el envenenamiento de Navalny en agosto de 2020.
Esta semana fueron detenidos dos conocidos opositores. Dmitri Gudkov, que planeaba presentar su candidatura como cabeza de lista del partido liberal Yábloko, aunque fue liberado sin cargos tras 48 horas en prisión.
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Acorralado por su baja popularidad, Putin opta por ajustar el torniquete de la represión sobre los opositores.
Pese a las masivas acusaciones de corrupción y abuso de poder, Putin apoyó esta semana al partido del Kremlin, Rusia Unida, por su aportación “productiva” al desarrollo social y económico del país, y por poner “en el primer plano los intereses de la gente”.
Según los sondeos, la intención de voto de Rusia Unida está por debajo del 30 % y ronda el 15 % en Moscú, donde Navalny cuenta con muchos partidarios, a poco más de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre.
La popularidad de Putin se ha visto dañada en los últimos años por el bajo desempeño de la economía rusa, incapaz de generar bienestar y consumo a un nivel similar a sus vecinos europeos. Putin ha buscado compensar esta falla mediante aventuras militares en las que toca el nervio del nacioanalismo ruso, como hace en Ucrania desde 2014.
