Las elecciones del domingo en Nicaragua, en las que el presidente sandinista Daniel Ortega fue reelegido con candidatos opositores presos y partidos políticos ilegalizados, son “ilegítimas” y la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe actuar, urgió su secretario general, Luis Almagro. “Rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua”, tuiteó Almagro tras los comicios del domingo. También Estados Unidos volvió a condenar las elecciones nicaragüenses: Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, dijo Washington, y exigió sancionar en la OEA al régimen sandinista, así como su aislamiento internacional.
“Insto a países de OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática (Interamericana) durante su Asamblea” general, agregó Almagro, un día antes del inicio del cónclave anual hemisférico. Esta disposición establece que un país puede ser suspendido del bloque regional si dos tercios de los Estados miembros deciden que se produjo una “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas” para revertir la situación.
En su mensaje, el uruguayo compartió un informe de la Secretaría General de la OEA en el que se indica que “Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia”, unos principios que son “de carácter obligatorio y constituyen el marco jurídico dentro del cual deben insertarse los regímenes políticos del continente”. “A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente y a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido”, lamentó el documento. La OEA advirtió también que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”.
Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo de cinco años tras los comicios celebrados el domingo, cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y repudiados por numerosos países de América latina, como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica, entre otros. El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua adjudicó a Ortega el 75,92% de los votos. Al menos 40 países rechazaron estos resultados.
Según varias ONG independientes, hubo una muy baja participación. El régimen de Ortega no permitió la presencia de observadores electorales. Es claro que no hubo una real competencia, ya que siete aspirantes opositores competitivos están detenidos desde junio pasado y los cinco que compitieron eran prácticamente desconocidos y de pequeños partidos afines al sandinismo gobernante.
Ante esas críticas, Ortega afirmó que los opositores presos en su país son “hijos de perra” y “vendepatria”, y que la UE está dominada por una mayoría de parlamentarios “fascistas, nazis”, que “fueron socios de (Adolf) Hitler”. “Traidores vendepatria como esos que están detenidos, que ellos quisieran que los yanquis invadieran ya Nicaragua”, agregó sobre los opositores presos.
EEUU: Nicaragua ya es una dictadura
Estados Unidos aseguró este martes que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura. "Ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático'', expresó en conferencia de prensa telefónica Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense. ''Es una dictadura... que carece de cualquier mandato democrático".
Los comentarios de Zúñiga representan la aseveración más fuerte que ha hecho hasta ahora el gobierno del presidente Joe Biden para referirse al régimen sandinista de Ortega tras los comicios. Tienen lugar también a un día del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Washington espera que gran parte de la región condene a Nicaragua, exija la liberación de los presos políticos y analice las acciones a seguir para preservar la democracia.
Al hablar con la prensa, Zúñiga dijo que "nadie se deja engañar por la farsa electoral", e instó a la comunidad internacional a condenar con acciones los resultados de los comicios y exigir la liberación de los presos políticos. El funcionario estadounidense asemejó la situación actual de Nicaragua con la que pasó el país durante la dictadura de la familia Somoza, que se extendió durante 43 años, a partir de 1936.
"Resulta paradójico que Ortega y Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica dirigida por una familia, al igual que lo hizo la dictadura de Somoza, quien fue derrocado por los sandinistas hace 40 años'', recordó Zúñiga. Anastasio Somoza fue el último de una dinastía familiar que gobernó Nicaragua durante casi medio siglo, y fue derrocado en 1979 por las guerrillas del Frente Sandinista, de las que Ortega formó parte.
Murillo, además de ser primera dama, se reeligió como vicepresidenta. Recientemente el mandatario la nombró su "copresidenta'', un cargo que no existe en la Constitución.
Zúñiga, además, advirtió que "existe el temor'' de que si no hay medidas o un esfuerzo regional "esto pueda suceder en otros países''. Por eso aseguró que Estados Unidos usará todas las herramientas y recursos que tenga a su disposición "para presionar a la dictadura''. Explicó que será una combinación de sanciones impulsadas por el gobierno de Biden, el Congreso estadounidense y acciones diplomáticas conjuntas con la Comunidad Europea y los países de las Américas.
En Nicaragua, familiares de opositores encarcelados expresaron su "indignación y preocupación'' por las palabras de Ortega porque llamó "hijos de perra'' a los presos y dijeron que temen por su vida y su seguridad. En un comunicado, los familiares recordaron la muerte en 2019 del preso político Eddy Montes, abatido por un guardia de la cárcel Modelo "que se sintió autorizado a disparar a matar por las expresiones injuriosas de sus jefes inmediatos. Nos preocupa que estos nuevos insultos sean interpretados de manera implícita como una `orden de ejecución' para que funcionarios policiales y penitenciarios se sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política'', advirtió un comunicado que cifra en más de 160 las personas aún detenidas por razones políticas desde la rebelión social de 2018. Este episodio dejó más de 320 manifestantes muertos por policías y paramilitares sandinistas.
Entre los opositores encarcelados figuran unos 40 líderes políticos, periodistas, exguerrilleros sandinistas y exdiplomáticos, así como siete precandidatos que planeaban competir contra Ortega en los comicios y fueron enviados a prisión en junio pasado.
