La Justicia rechaza pedido de Trump para encarcelar a los niños indocumentados

El gobierno de Trump hizo el pedido en junio, después de las protestas generalizadas contra su política de separar a los niños de los padres que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Un juez en un caso diferente en San Diego ordenó al gobierno el mes pasado que reuniera a las familias que había separado. El gobierno afirmó en su presentación que el fallo de San Diego exigiría la detención de niños por más largo plazo, ya que esa sería la única forma de reunirlos con sus padres y mantener a los padres encarcelados durante sus procedimientos de inmigración. La jueza Gee rechazó ese argumento. Los gobiernos anteriores solían liberar a las familias aprehendidas en la frontera para que siguieran con sus solicitudes de inmigración mientras vivían libremente en Estados Unidos. Pero Trump prometió poner fin a esa práctica.

El envío de los menores a la cárcel con sus padres fue la medida con la que Trump decidió poner fin a la separación de familias en la frontera que él mismo inició y que ha llevado a que unos 3.000 menores de edad hayan sido arrebatados de sus padres desde el 19 de abril. La administración Trump ha bautizado esta política como "tolerancia cero". Lo que hay detrás de todo ello es una política que pretende desincentivar de esta manera la llegada de inmigración ilegal. "Tengo una solución (para la separación de familias)", dijo ayer Trump a los periodistas antes de emprender viaje rumbo a Europa. "Decir a la gente que no venga a nuestro país ilegalmente. Esa es la solución. No vengan a nuestro país ilegalmente. Vengan como hacen otras personas. Vengan legalmente".

La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Guatemala y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centro. La ola de indignación dentro y fuera de Estados Unidos que generó las separaciones llevó a Trump a firmar el 20 de junio una orden ejecutiva para ponerles fin. Pero esta no terminó con la persecución penal de los indocumentados, que es la que generaba las separaciones porque los padres son enviados a la cárcel y la ley prohíbe que los niños estén encarcelados más de 20 días.

Lo que Trump pretendía era mantener juntas a las familias obteniendo el permiso de los tribunales para que los niños puedan estar en la prisión junto a sus progenitores. Esa autorización es la que la jueza Gee se negó a dar. La decisión de la magistrada de Los Angeles añade una nueva incógnita a una situación de creada por la administración Trump que, además del sufrimiento de adultos y niños, generó desorden y confusión en el sistema migratorio estadounidense.

El gobierno de Trump tendría que haber devuelto ayer a 102 niños de hasta cinco años a sus padres, pero un juez de San Diego tuvo que prolongar el plazo que le había dado para ello después de que el Departamento de Justicia dijera el lunes que solo estaba en condiciones de devolver a la mitad, ya que aún está realizando comprobaciones para confirmar la relación de parentesco. Para devolver al resto de los niños —los mayores de cinco años—, el gobierno tiene de plazo hasta el 26 de julio. Para poder reunir a las familias, los padres indocumentados son puestos en libertad mientras se tramitan sus casos en las cortes migratorias del país, y deben llevar tobilleras electrónicas que permiten conocer su paradero. Se calcula que los procesos migratorios pueden tardar meses o incluso años.

La organización no gubernamental RAICES ofreció ayer al gobierno 20 millones de dólares para pagar las fianzas de los indocumentados que están presos y fueron separados de sus hijos.

"Tengo una solución para la separación de familias. Decir a la gente que no venga a nuestro país ilegalmente"