Granada. — El jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero,
defendió la “valentía” en la lucha contra ETA del juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, a quien el Tribunal Supremo investiga en tres causas y quien podría ser suspendido
en breve.
El jefe del Ejecutivo expresó su respeto a la actuación de la Justicia,
si bien destacó que “al igual que muchos españoles”, él también tendrá siempre presente
el trabajo que Garzón ha realizado durante muchos contra la organización terrorista vasca.
“Esa trayectoria está siempre presente en la inmensa mayoría de los españoles y, desde luego,
en el gobierno de España y en quien lo preside”, manifestó Zapatero al ser preguntado en
rueda de prensa en Granada, tras la clausura de una cumbre entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.
Garzón tiene tres causas abiertas por “prevaricación”
(dictar a sabiendas una resolución injusta) ante el Tribunal Supremo, pese a que la fiscalía ha
dicho que no ve indicios de delito. Una es por sus investigaciones sobre los crímenes del
franquismo, otra por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de
cursos en la Universidad de Nueva York y una tercera, por la interceptación de comunicaciones de
algunos de los imputados en el “caso Gürtel”, el escándalo de corrupción que salpica al
Partido Popular (PP) desde hace un año.
Además, el Consejo General del Poder Judicial está estudiando su posible
suspensión provisional mientras se dirimen las tres causas en el Supremo.
Zapatero no fue el único que salió ayer en defensa del juez. También lo
hizo el presidente de la cámara de Diputados, el socialista José Bono. “El juez que más ha
trabajado contra el terrorismo no merece que lo siente en el banquillo la extrema derecha. Confío
en el Tribunal Supremo”, indicó en una entrevista al diario El País.
Bono dijo así lo que Zapatero, por su investidura, no puede decir, pero
seguramente piensa. Que se trata de una ofensiva de la derecha más conservadora contra Garzón por
haber abierto una causa contra los crímenes del franquismo. En octubre de 2008, el juez ordenó
abrir 19 fosas comunes de la época de la Guerra Civil, incluida la del poeta García-Lorca. Garzón
afirmó entonces que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo. La
fiscalía recurrió su decisión, al estimar que la competencia no le correspondía a la Audiencia y
que estaba vigente la amnistía decidida en 1977, durante la transición democrática. Garzón pidió
incluso los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos funcionarios de su larga
dictadura. Posteriormente dejó esta investigación en manos de tribunales locales.
