Violencia familiar: proponen hacer denuncias solidarias

Dos proyectos de ley, que proponen habilitar la "denuncia solidaria" de terceros en casos de violencia familiar y que permiten a los niños y adolescentes presentar acusaciones, fueron presentados en el Senado.

Las propuestas contemplan imponer castigos a funcionarios que debiendo haber actuado ante las denuncias de violencia familiar no lo hagan, explicaron los senadores del oficialismo, Aníbal Fernández y Elena Corregido, al difundir la iniciativa.

También establecen la creación de un registro nacional de deudores alimentarios en mora y plantean restricciones para estas personas como el impedimento de obtener o renovar el pasaporte, las licencias de conducir, tarjetas de crédito o la apertura de cuentas bancarias.

Los deudores de cuotas alimentarias no podrán conseguir habilitaciones para aperturas de comercios o industrias o desempeñarse en cargos públicos, así como tampoco obtener concesiones, permisos o licitaciones.

"Se aspira a que las iniciativas, a presentar en la mesa de entradas del Senado, sean tratadas en comisión a la brevedad para ser sancionadas antes de fin de año", dijo Fernández.

La primera de las leyes propuestas, denominada de protección, sanción y erradicación de la violencia y abuso de poder en el grupo familiar, determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, provincias o municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante. Agrega que los niños, niñas y adolescentes podrán denunciar "por sí los hechos que los afectan" ante cualquiera de estos ámbitos y que los testimonios podrán ser verbales o escritos e incluso por vía de email en lenguajes alternativos en el caso de personas discapacitadas.

El proyecto incorpora también la llamada "denuncia solidaria" para que terceros o "todos aquellos que se sientan afectados" por una situación de violencia puedan efectuarla sin la presentación de pruebas.

Corregido informó que se abrirán cursos de capacitación para todos los ámbitos del Estado encargados de recepcionar las acusaciones para que los agentes "estén preparados sobre cómo actuar ante una víctima de este tipo de delitos".

"El principal objetivo es excluir al denunciado del hogar para poner fin lo antes posible a este tipo de situaciones", explicó Fernández, quien agregó que se dispondrá el impedimiento de la portación de armas para los denunciados que las posean.

Aníbal Fernández dijo que "no se pueden esperar ver más muertes y conmoverse" y destacó el hecho de que los niños "puedan ser oídos" cuando padecen violencia en el seno de la familia. "En el caso de terceros o funcionarios obligados a denuncias y que omitieren cumplir con dicha obligación se les impondrá una multa diaria equivalente al uno por ciento del sueldo básico de un juez por día de demora o pena de arresto de hasta diez días. Si es un superior jerárquico la multa será de hasta el diez por ciento del sueldo de un juez y el arresto será de hasta 30 días", advirtió. (Télam)