El 13 de marzo Cristina sacudió el tablero político al anunciar en Chubut el adelantamiento de las elecciones legislativas para el 28 de junio. Una hábil maniobra que descolocó a la oposición y que le permitirá al gobierno nacional evitar el desgaste que hubiera significado una batalla sin cuartel contra el antikirchnerismo hasta octubre. Para que la jugada prospere el Congreso deberá aprobar por mayoría especial el proyecto de modificación del Código Nacional Electoral que será enviado en las próximas horas por el Poder Ejecutivo. Pese a la negativa rotunda del cobismo, la Coalición Cívica, el socialismo y el radicalismo, lo más probable es que el proyecto sea aprobado ya que cuenta, aparentemente, con el apoyo del "peronismo disidente". En consecuencia, es prácticamente un hecho que la ciudadanía no tenga más remedio que ir a votar el último domingo de junio. La decisión de Cristina no constituye novedad alguna en nuestra ajetreada vida política. En julio de 1973 Cámpora, presionado por Perón, renunció a la presidencia. Su reemplazante, Raúl Lastiri, llamó a elecciones anticipadas para permitir el retorno triunfal de Perón a la presidencia de la República. En febrero de 1989 Alfonsín, jaqueado por la hiperinflación, anticipó a mayo las elecciones presidenciales que consagraron a Carlos Menem. En junio de 2002 el asesinato de dos piqueteros obligó a Duhalde a adelantar los comicios presidenciales para abril de 2003 y que consagraron a Néstor Kirchner. Y este año el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, adelantó los comicios porteños precisamente para el 28 de junio. El manipuleo del calendario electoral forma parte de la esencia del modo argentino de hacer política. Es por ello que nadie, absolutamente nadie, posee la autoridad moral para elevar su voz de crítica a una decisión cuyo único objetivo es garantizar la victoria de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires.
