El decidido avance en el camino parlamentario del proyecto oficial para la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público es uno de los datos más saludables que en materia de ejercicio periodístico y defensa de la libertad de expresión, se han dado en los últimos años. A diferencia de lo que sucedió con la polémica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con esta iniciativa existe un sobrado consenso entre todas las fuerzas políticas para aprobarla, más allá de algunos entendibles matices. Eso quedó demostrado en la Cámara de Diputados de la Nación con los 154 votos a favor y 12 en contra que logró el texto oficial y es probable que antes de fin de año se logre la aprobación definitiva en Senadores.
El poder, o los actores sociales que tienen acceso al manejo de fondos públicos, sean funcionarios o particulares involucrados en gestiones oficiales —en muchos casos— sienten una particular molestia, una suerte de amenaza a su persona o sus intereses, cuando son objeto del interés periodístico. Y en realidad, debería ser al revés. Sobre todo si quienes presentan estas inquietudes formales, a través de pedidos de informes, son diputados provinciales de todas las filiaciones político partidarias de la provincia. Esto es lo que sucedió a partir del 21 de abril de 2007 con algunas alternativas del proceso de traslado del nuevo Puerto de Santa Fe. Estamos hablando de un aporte de dineros públicos del orden de los 40 millones de pesos. El Fonplata, invertirá 25 millones de pesos para la concreción de esta obra, y el gobierno provincial comprometió otros 15 millones para su ejecución.
El detonante de la investigación de Diario UNO fue la virulenta disputa entre los socios propietarios de Diario El Litoral, Gustavo Víttori y Nahuel Caputto. Víttori le reclamó a Caputto a través de las páginas del vespertino la compra de tierras en la zona donde —casualmente o no— se erigirá la nueva estación fluvial santafesina. Le reprochó públicamente su conducta, dijo estar al tanto de la existencia de más operaciones de adquisición de tierras realizadas en esos estratégicos enclaves en momentos definitorios —eso sí, sin nombrar a quienes incurrieron en esas maniobras— e informó que se retiraba de cualquier gestión inherente al tema debido a la violencia moral que el episodio le había generado.
Lejos de enojarse con Nahuel Caputto, el accionista de la empresa que codirigen y que lo puso en serios aprietos, Gustavo Víttori, presidente de Adepa y responsable de un medio de un medio de comunicación con más de nueve décadas encima, decidió querellar penalmente a quien escribe estas líneas. La emprendió contra quienes pusimos a contraluz una serie de situaciones que luego serían tomadas y amplificadas en la Cámara de Diputados. Los diputados que participaron de las sesiones donde se plasmaron estas dudas sobre tan neurálgico proceso, confirmaron en sede judicial, los interrogantes que se plantearon en las notas publicadas en Diario UNO. Hasta el propio Nahuel Caputto admitió la adquisición de terrenos en cercanías del Punto G (o Punto Gustavo para algunos) como —casualmente o no— se da en llamar el sitio elegido para erigir el nuevo puerto. Fue allí donde no fuimos precisos. Nosotros revelamos dos adquisiciones. Ante el juez Orlando Pascua, Caputto reconoció una veintena de operaciones inmobiliarias en la zona.
Desde el inicio de la acción penal presentada por Víttori en los tribunales santafesinos con una evidente intención intimidatoria, no sólo hacia Diario UNO sino hacia quienes se atrevan a investigar algunas de las alternativas que se dieron en este proceso; se sucedieron en el país, una decena de fallos a favor de periodistas querellados por asuntos de interés público. Todos basados en la incipiente jurisprudencia gestada a partir del Caso Kimel. El acoso judicial, la presión sobre medios y periodistas para acallar el tema y la interposición de recursos en Tribunales para cerrar los caminos de defensa fueron una constante en este proceso judicial. Por eso es auspicioso el avance de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias. Al menos servirá para limitar la pretensiones de quienes creen que viven en un ducado y no en una ciudad con sueños de superación colectiva. Una comunidad que quiere reivindicar aquella frase que pronunció alguien con tono decidido: “Creemos en la libertad de prensa. Un valor depreciado en estos tiempos. Nosotros hablamos de libertad, hablamos de República. Estamos convencidos que la República le pone límites a los excesos del Poder. Por eso reivindicamos la libertad de prensa con todas sus imperfecciones”. Lo dijo el mismo Vittori en su rol de presidente del Consejo Ejecutivo de Adepa a principios de octubre en el Senado de la Nación. Sería mejor que las pusiese en práctica y abandone el acoso judicial sobre medios y periodistas.
