A partir de este lunes el boleto de colectivo en Rosario aumentó a 185 pesos, y el incremento revivió la discusión en el Concejo por la situación del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). El jueves pasado se aprobó un pedido de Silvana Teisa (PJ) para que se llame a reunión de la comisión de Seguimiento del Transporte, que se hizo por última vez el lejano 22 de marzo, y en el encuentro de ayer de la comisión de Servicios Públicos se anunció que el Ejecutivo le pondría fecha esta semana.
"Habíamos hablado con el presidente del Ente de la Movilidad, Rogelio Biazzi, insistiéndole por la reunión de la comisión de seguimiento, y se comprometió a que en el curso de esta semana nos convocará", describió Carlos Cardozo (PRO), integrante de Servicios Públicos. "Hay varias novedades, el tema de la compra de unidades, la instalación de paradas seguras y otros temas que hay dando vueltas. Más allá de lo que nos vamos enterando a través de los medios, también lo queremos tener de primera mano", agregó.
En tanto, desde la oposición se quejaron por la demora en llamar al encuentro de ese consejo consultivo, que debe reunirse de manera bimestral. "Hemos requerido información sobre medidas o iniciativas en relación al TUP, y nos han planteado que las variables macroeconómicas hacen imprevisible el sistema y que hay que ver esos temas en la comisión de seguimiento. Pero hace seis meses que no la convocan", indicó Pedro Salinas de Ciudad Futura.
"La misma frase nos vienen diciendo desde el mes de mayo, que era cuando deberíamos haber hecho la reunión después de la de marzo, y la verdad es que todavía nunca se ha hecho realidad. Esperemos que, en esta semana, esos dichos se conviertan en acción y pasemos a tener la reunión de la mesa, porque además seguimos enterándonos de cuestiones referidas al transporte público por los medios de comunicación, como por ejemplo el aumento del boleto más de un 50%, y que puede llegar a haber incorporación de unidades", expresó Teisa.
El concejal de Ciudad Futura adelantó que aguarda ese encuentro para plantear tres puntos. Por un lado, requerir detalle de las acciones de control que el municipio ha llevado adelante en relación a Rosario Bus, fundamentalmente en lo que hace a unidades en la calle, frecuencias, y grilla nocturna. "Queremos saber cuáles son las políticas de fiscalización del Ejecutivo ante la única prestataria privada, y las denuncias de mayor incumplimiento de frecuencias e inclusive retiro de unidades a partir de las 21. Qué protocolo de control tiene sobre la empresa y qué resultados arrojó", explicó.
En segundo lugar, pedirán un resumen del estado de la ecuación económica-financiera de las empresas Movi y Rosario Bus del 2020 a la actualidad. "Hasta acá, tenemos datos de algunas variables del sistema: pasajeros transportados, impacto de los costos en el servicio, impacto de la inequitativo distribución de los subsidios, pero nada se sabe de la ecuación económico financiera de las empresas en estos años", apuntó.
Y por último, conocer más información sobre el anuncio de adquisición de 50 unidades nuevas para el TUP que hizo el intendente Pablo Javkin, "con estado de la licitación en el caso que se haya lanzado, plazos y expectativas con tiempos concretos. Es decir, saber qué grado de realidad tiene el anuncio".
Reclamos desbordados
Por su parte, Teisa detalló que desde marzo a esta parte, pero ya también con anterioridad, los reclamos de los vecinos siguen creciendo. "También hemos realizado hace algunas semanas junto al Observatorio Social del Transporte una medición de 24 horas donde pudimos corroborar y comprobar que muchísimas líneas, más del 40%, dejan de funcionar durante el horario nocturno" , recordó.
En ese sentido, aclaró que siguen pendientes todos los expedientes de personas de distintos barrios que acuden a solicitar mejoras, como que se dejen sin efecto fusiones, o zonas en las que a la noche no ingresa el transporte público. "Pero la historia de siempre es que no se debaten esperando esta reunión, que tampoco se hace. O sea que evidentemente los expedientes no tienen sentido para este Ejecutivo", lamentó.
Por otro lado, manifestó que el debate de la tarifa "tiene que volver a ser potestad del Concejo Municipal", donde además también se pueda "debatir con seriedad todas estas cuestiones". "La Facultad la tiene el intendente hasta fines de este año, pero tampoco hay acuerdo para que eso suceda", dijo.
En ese marco, se refirió a la promesa de incorporación de nuevas unidades: "Hemos leído que va a ser recién para el mes de marzo del año que viene. Con ese número de 50 incorporaciones recién estaríamos alcanzando la misma cantidad de coches que teníamos pre pandemia. Es decir, se está anunciando algo que lo único que hace es que después de cinco años se llegue a equiparar lo que teníamos disponible en 2019".
Para la edil, esto "sigue demostrando que el servicio deja mucho que desear, porque la necesidad de transporte público sigue creciendo y no está a la altura de las circunstancias. Que no tengamos un servicio de calidad hace que a más vecinos no les quede otra opción que bajarse del colectivo, tener que buscar otras alternativas de movilidad y eso también impacta directamente en los ingresos del sistema. Porque si nadie paga el boleto, va a ser mucho más difícil sostenerlo".
Comisión difícil
En un plano más general, Salinas aseguró que a las voces disonantes se le está tornando "prácticamente imposible" plantear alguna discusión en el ámbito de la comisión de Servicios Públicos del Concejo, "no solo en relación al transporte, sino en referencia a cualquier tema", entre los que mencionó las prórrogas a chapas de taxis 2013, el pliego de recolección de residuos domiciliarios y el conflicto con la empresa que domina el servicio de la basura de grandes generadores.
"Hay una deuda exclusiva y excluyente, y abarca todos los temas vinculados a servicios públicos: cortar un poco con este nivel de desidia. El Ejecutivo evidentemente no tiene la más mínima intención de hacerlo. No se involucran en ningún tema, patean todos para adelante. Independientemente de las cuestiones externas (como las variables macroeconómicas y la distribución de subsidios en el caso del TUP) hay un problema de gestión política insoslayable. No se explica de otro modo que en seis meses no convoquen a una reunión", disparó por último.
Lo cierto es que, luego de los realineamientos políticos provocados durante el año electoral, la composición de la comisión se ha desbalanceado. Son cinco los oficialistas: la presidenta Verónica Irízar, y los integrantes Susana Rueda, Carlos Cardozo, Ciro Seisas y Mónica Ferrero. Los opositores son solo dos: Salinas y Teisa. Lo que, según la minoría, complica llevar a debate temas que perjudiquen los intereses del Ejecutivo.