Salta: un fallo ordena no dar educación religiosa

Un juez de Salta ordenó ayer al gobierno provincial que disponga el cese de la educación religiosa en las escuelas primarias que es dictada por ley desde diciembre de 2008 y que es principalmente católica.

El juez de cámara civil y comercial de apelaciones Marcelo Domínguez hizo lugar a un amparo presentado por diez padres de alumnos que concurren a establecimientos provinciales y se oponen a la enseñanza religiosa, al considerar que generan un trato "desigualitario y discriminatorio" con sus hijos.

Ante ello, fuentes gubernamentales dijeron que la Fiscalía de Estado analiza interponer un "recurso de aclaratoria" para que el juez defina el alcance de la medida, dado que el texto de la resolución puede afectar la posibilidad de toda práctica católica.

Domínguez dictaminó que el Ministerio de Educación deberá adoptar medidas "para adecuar el dictado de la materia Educación Religiosa a parámetros recomendados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales referidos al dictado imparcial, objetivo y respetuoso de la libertad de conciencia y de expresión, y que no obligue a revelar las creencias religiosas de los alumnos y sus familias".

Además, señaló que "la elección personal respecto de las creencias religiosas de los ciudadanos pertenece a su esfera íntima sin que el Estado, so pretexto del cumplimiento de un deber emergente del derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa, pueda vulnerarlo jurídicamente o en los hechos colocándolos en la situación de declarar si es que profesan alguna religión y en su caso cuál".

Los diez padres demandantes habían considerado que sus hijos son víctimas de un trato "desigualitario y discriminatorio" y que al no existir un plan educativo alternativo para quienes no profesan el culto católico apostólico romano, "se altera el esquema familiar de la sociedad, cuyo garante debe ser el Estado". l (DyN)

"Bancársela"

La norma de dictado de educación religiosa cuestionada por los padres surgió de un proyecto que el gobernador kirchnerista Juan Manuel Urtubey envió a la Legislatura y fue aprobado en diciembre de 2008. Entonces, el gobierno defendió la iniciativa al sostener que la educación religiosa permitiría inculcar "valores morales, espirituales y ejemplos ético" a los niños y que la aplicación de la ley sería de carácter "ecuménico". Urtubey, devoto de los santos patronos provinciales, aseveró ante las críticas que a la educación religiosa había que "bancársela" porque estaba en la Constitución.