En los últimos años ha estallado el problema del impacto de los agrotóxicos sobre la salud de las personas, tanto las que manipulan esas sustancias como las que las reciben a través de las fumigaciones cercanas, o de todos nosotros, cuando comemos vegetales con residuos tóxicos. Es innegable y escandaloso el cúmulo de trabajos científicos nacionales y extranjeros que se han recopilado en estos últimos años y que desnudan, crudamente, una realidad silenciada a la sombra del modelo industrial agrícola. Aquello que parecía restringido a revoltosos pobladores ocasionales, terminó siendo masivamente asumido por coaliciones de médicos, biólogos, toxicólogos, genetistas, que salen a contar los espantos que este modelo de producción genera en las sombras, sobre la salud ya no sólo del ambiente, sino de nuestros congéneres. Docenas de poblaciones, sensatamente, comenzaron a restringir las aplicaciones de agrotóxicos en sus periurbes. Semana a semana la lista fue ampliándose con comunidades más o menos grandes, que ponían freno al uso de tóxicos. Algunas provincias ya tienen proyectos de ley que prohíben las fumigaciones aéreas y establecen franjas obligatorias vedadas a los agrotóxicos en los bordes de las zonas pobladas. Pero en todos y cada uno de estos sitios, hay productores que parecen no comprender la imperiosa necesidad de detener este genocidio del cual nadie se hace cargo, e insisten solapada o abiertamente en anular estas legislaciones sanitarias. Sus argumentos oscilan entre el derecho de aplicar lo que les venga en gana, hasta el argumento falaz de que serían tierras sin rédito económico si acaso no usasen los venenos. La falsedad de esas afirmaciones se contrasta fácilmente. Por un lado, el derecho a la vida, básico y universal, que no puede ejercerse si uno es pulverizado con veneno, a ritmo horario, sentado en la puerta de su casa. Por el otro, la reconversión hacia la agroecología es concreta, probada y de amplia experiencia en todo el mundo. Nuestra provincia de Buenos Aires, de hecho, tiene producciones orgánicas de todo tipo y en grandes extensiones, y sus dueños no se quejan precisamente de no ganar dinero. El Inta y el Ipaf tienen equipos que saben del tema y ofrecen asesoramiento. Entretanto se avance hacia una agricultura diferente de la que nos empujó a la crisis, con la comprobación certera del peligro y los impactos probados en los más altos estrados judiciales y en las más expertas unidades académicas, cuando sabemos que hay personas que persisten en seguir envenenando a sus compatriotas, sentimos la pena honda de pensar que reducir o eliminar la protección de los habitantes, eliminando las legislaciones que los protegen, es, como diría María Elena Walsh, retroceder en cuatro patas.
