El secuestro de 19 kilos de drogas realizado en abril de 2013 por policías rosarinos en una chacra de Alvear, a la que llegaron buscando electrodomésticos robados, quedará bajo la lupa a partir de hoy cuando arranque el juicio oral y público en los Tribunales Federales. En el banquillo estarán cinco acusados de tenencia de estupefacientes que están en libertad, a excepción de la pareja del dueño que sigue en prisión domiciliaria. Las audiencias serán el canal de discusión del controvertido operativo policial, duramente criticado por tres jueces provinciales al advertir, en un video, que un efectivo hizo desaparecer de la escena una bolsa de nailon al grito de "bueno, bingo".
Al frente del debate en el edificio de Oroño 940 estarán los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Jorge Venegas Echagüe. Están citados 18 testigos, la mayoría personal policial que participó del procedimiento y cuatro civiles convocados para presenciar los secuestros y confeccionar las actas. La defensa, se prevé, pondrá la mira en la validez o no del procedimiento policial, un aspecto central del debate.
Por su parte el fiscal Adolfo Villate posará la atención sobre el material secuestrado en la llamada "narcochacra": 12 kilos de marihuana, 7 de cocaína y 110 mil pesos, además de numerosas armas de fuego por las que se abrió otra causa en la Justicia provincial. "El alcance del juicio estará bastante circunscripto al procedimiento policial en sí", dijo el fiscal a este diario. Planteó además que, pese a tratativas de llegar a un acuerdo abreviado, prefirió llegar a juicio para garantizar discusión pública de un caso con repercusiones (ver aparte).
El operativo en cuestión cobró notoriedad no sólo por el hallazgo y la actuación policial sino también porque uno de los detenidos, Miguel Angel "Japo" Saboldi, de 35 años y amigo del dueño de la chacra, murió ocho días después junto a otros dos internos en un incendio provocado en la alcaidía de Jefatura. Un siniestro que su viuda, Norma Acosta, denunció como un atentado para silenciarlo. Según una pericia de la Policía Federal el incendio fue intencional y en la causa siguen implicados, aunque en libertad, diez internos sobrevivientes.
Acusados. El procedimiento que ahora llega a juicio ocurrió el 4 de abril de 2013 cuando efectivos de Orden Público de la policía provincial llegaron a una chacra de Alvear, en el ingreso a Cargill, con una orden de allanamiento emitida por el entonces juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. Buscaban electrodomésticos robados días antes en un depósito de la firma Calatayud, en San Martín al 2100, donde los asaltantes burlaron tres sistemas de alarmas para llevarse 70 mil pesos y mercadería por 350 mil. Los uniformados no hallaron eso, pero sí estupefacientes.
Al frente del grupo fue detenido el dueño del lugar, Diego Cuello, de 38 años, quien el pasado 21 de abril fue atacado con 16 disparos cuando llegaba en auto a su casa del barrio Las Delicias. De ese ataque salió ileso aunque resultaron con heridas leves sus hijas de 2 y 4 años. Su nombre también figura en la megacausa de Los Monos por asociación ilícita, investigada por Vienna, en la cual declaró como amigo del asesinado Martín "Fantasma" Paz. "Sobre su muerte todos dicen que lo mataron Los Monos, los Cantero", dijo entonces, y dio detalles de la banda. Será representado en el juicio por el abogado Fausto Yrure.
También fueron detenidos su pareja, Gabriela Elisabeth Martinetti, de 30 años; el casero Facundo Ceferino Sandoval, de 45; y los empleados Carlos Rubén Arriola, de 36, y José Ignacio Alvarez, de 40. Todos fueron procesados 15 días después por el juez Federal Marcelo Bailaque por tenencia de drogas con fines de comercialización, con una pena de 4 a 15 años de prisión. Con el tiempo recuperaron la libertad, salvo Martinetti que quedó en prisión domiciliaria (tiene hijos a su cargo), lapso que en caso de recibir condena se computa como pena cumplida. En la requisitoria de elevación a juicio formulada por Villate todos figuran como coautores aunque el rango de responsabilidades es otro aspecto que seguramente se discutirá en el juicio.
Otra causa. El hallazgo de tres escopetas y dos pistolas, en tanto, originó una causa en la Justicia provincial por tenencia de armas y encubrimiento. En este caso los cinco detenidos fueron procesados pero en septiembre de 2013 los camaristas Georgina Depetris, Guillermo Llaudet y Otto Crippa García revocaron la medida con críticas al accionar policial: "Resulta insuperable el estupor causado sin poder dilucidar si nos encontramos ante la más incapacitada e ineficiente policía o ante un franco actuar delictivo". Señalaron que los uniformados forzaron la puerta de la vivienda y uno de ellos se dirigió directamente hacia una bolsa negra sobre la mesa (se presume que contenía euros), dijo "bueno, bingo" y sin abrirla se retiró del lugar.
"De ello se perfila la sospecha de que no hayan sido exactamente electrodomésticos lo que fueran a buscar", dijeron los jueces. Así, sólo quedó con causa abierta Cuello por la tenencia de una Itaka y encubrimiento —cursa un juicio escrito en etapa de presentación de pruebas— mientras que la fiscal Lucía Aráoz ordenó investigar al personal policial.
