El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, partió ayer a una gira comercial de seis días a China y Australia dejando a un país conmocionado y enfurecido por el anuncio de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron masacrados.
“El avión del presidente partió en la madrugada hacia China”, donde Peña Nieto asistirá a la cumbre de Apec, informó a la AFP la oficina de prensa de la Presidencia.
El mandatario marchó del país en medio de la peor crisis desde que asumió la presidencia en 2012 y apenas horas después de que una nueva manifestación multitudinaria acabara con un ataque de un pequeño grupo radical al emblemático Palacio Nacional, en el corazón de Ciudad de México.
Una veintena de manifestantes, algunos encapuchados, se apoderaron de vallas metálicas que rodeaban el edificio y las utilizaron para intentar derribar la puerta principal.
Sin que las fuerzas de seguridad actuaran, el grupo también arrojó cócteles molotov contra la puerta de madera, que llegó a arder brevemente, y pintó el lema “Vivos los queremos”, en referencia a los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur). Buena parte de los miles de manifestantes lamentaron que la marcha nocturna, convocada en redes sociales y que transcurrió pacíficamente, derivara en actos vandálicos.
Los manifestantes consiguieron dañar la puerta del palacio, muy frecuentado por turistas que acuden a contemplar los impresionantes murales del pintor mexicano Diego Rivera.
Peña Nieto acostumbra a recibir en el palacio a jefes de Estado pero vive en la residencia de Los Pinos, en otro punto de la capital.
La tarde del sábado hubo otra protesta de estudiantes en Chilpancingo, la capital del convulso estado de Guerrero, donde unos 300 jóvenes prendieron fuego a una decena de vehículos frente a la sede de la gobernación.
Las protestas ocurrieron el día después de que la Fiscalía anunciara que sicarios narcotraficantes han confesado que asesinaron a los estudiantes, quemaron sus cadáveres y arrojaron los restos a un río.
Familiares y compañeros de los jóvenes se niegan a creer que este haya sido el final de un crimen de un crimen que ha estremecido a México y el mundo.
Enojo con clase política. La irritación en México contra su clase política ha alcanzado al presidente, contra quienes los manifestantes del palacio lanzaron gritos de “fuera” y “asesino”.
El crimen de Iguala, que para Human Rights Watch es uno de los más graves de la historia reciente de América Latina, dejó al desnudo la profundidad de la infiltración del crimen organizado en autoridades mexicanas.
Los 43 estudiantes de una escuela de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero) fueron atacados en la cercana Iguala por policías locales, que luego los entregaron a los sicarios del cártel narcotraficante Guerreros Unidos.
El alcalde de Iguala, ahora detenido, está acusado de trabajar para ese grupo criminal y de haber ordenado los ataques por temor a que los estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, hermana de tres narcotraficantes.
El alcalde José Luis Abarca ya fue investigado por crimen organizado desde 2010 y estaba acusado de un asesinato cometido en 2013, pero ninguna autoridad actuó contra él.
Angel Aguirre, gobernador de Guerrero cuando ocurrieron las desapariciones, tuvo que dimitir por su falta de reacción ante este caso. El gobierno federal también ha sido duramente criticado por tardar más de una semana en asumir la investigación y, 44 días después de las desapariciones, no tener pruebas concluyentes del paradero de los jóvenes. Los padres aseguran que la única manera de que crean que los estudiantes están muertos sería con pruebas científicas que les presente el grupo de peritos independientes argentinos de su confianza que colabora en la investigación.
