La provincia deberá indemnizar a un oficial de policía que cuando era estudiante
sufrió una agresión sexual de sus compañeros en la Escuela de Cadetes de Rosario. A pesar de que
nunca se identificó a los autores de la vejación, un tribunal civil consideró que el Estado
provincial incumplió la obligación de garantizar la seguridad de quienes se estaban formando como
futuros policías. Y ordenaron a la provincia a pagar 150 mil pesos al uniformado por el daño moral
sufrido.
En el fallo, los miembros del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 6
—Luis Juan Perello, Stella Maris Martínez y María Andrea Mondelli— rechazaron el
planteo del abogado de la provincia que consideró no pertinente indemnizar porque, según su
enfoque, el caso estaba cerrado. En rigor, el juez de Instrucción Nº 4, Jorge Eldo Juárez, que
intervino en primera instancia, desestimó la denuncia presentada por J. D. C. Luego, el fallo fue
avalado por la Cámara Penal. Se dispuso el archivo de la causa por falta de elementos para
continuar la investigación, pero el caso no se cerró. "Como la resolución no adquiere autoridad de
cosa juzgada, corresponde el pago de la indemnización", explicaron los magistrados.
El hecho. El episodio denunciado ocurrió el 23 de abril del 2003. En ese
momento, J.D.C. cursaba el primer año en la Escuela de Cadetes, de Alem 2050. Actualmente allí
funciona el Instituto de Seguridad Pública. Todo se desencadenó la madrugada de ese día, cuando el
aspirante se levantó para ir al baño y fue atacado por varios compañeros.
El relato que hizo en sede judicial fue estremecedor. Sostuvo que varias
personas le pusieron una toalla o un trapo en la boca para que no gritara. Luego, según denunció,
lo tiraron al suelo y, mientras lo sujetaban, le bajaron el slip y le introdujeron un envase
plástico en la zona anal. En shock, acudió en ayuda al responsable del sector y le pidió asistencia
médica por los “dolores insoportables” y la “pérdida de sangre”.
Sin embargo, según denunció, tuvo que esperar varias horas para ser
revisado por el médico policial. “A la escuela de Cadetes vino una ambulancia de Ecco para
atender una emergencia de otro cadete, pero a mí no me atendieron”, afirmó. Recién
“tres horas después” fue trasladado al Sanatorio Laprida, donde quedó internado.
J.D.C. afirmó que los entonces responsables de la escuela —el
director era el comisario Víctor Sarnaglia— “montaron un operativo” con la
finalidad de ocultar el suceso y “sugirieron” que había sido “una
autoagresión”. Sin embargo, el sumario interno determinó otro encuadre. El 14 de febrero del
2006, la entonces jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, determinó que el cadete había sido
víctima de un ataque cuando estaba en la institución policial. En la resolución, Perazzo valoró que
las lesiones que sufrió J.D.C. habían sido consideradas por un médico de la Dirección de Medicina
Legal de la policía como “’profesionales y de servicio”.
En el informe, una médica señaló que ingresó al sanatorio Laprida con
golpes en el tórax y en la pelvis. El oficial también presentaba un traumatismo anal por
“introducción de un cuerpo extraño”, con hemorragia, dolor y dilatación”.
Para definir la compensación por el daño moral, los jueces tuvieron en
cuenta los informes de los peritos que establecieron que J.D.C. presenta “una incapacidad
parcial permanente e irreversible del 20,05% por secuelas anatomofuncionales en la región
anal”. También sostuvieron que la pericia psicológica concluyó que sufrió estados de angustia
de los que se sobrepuso con ayuda profesional.
El oficial estuvo alejado durante un año de sus amigos por pudor. A su
vez, en su trabajo, debió padecer “hostigamientos y el ocultamiento institucional que le
dejaron huellas”.