Era cantado que después de unas primeras declaraciones beligerantes, la presidenta metería violín en bolsa metros antes del abismo. Viene al recuerdo la célebre de Almafuerte, "Todos los incurables tienen cura segundos antes de la muerte". De la "extorsión" del lunes y el "no pasarán" del martes, llegamos al "pagaremos el ciento por ciento" del viernes, ante el Monumento a la Bandera. El problema es que esa cura "in extremis" es cada vez más costosa y la recuperación del paciente cada vez más complicada. Hay un exceso de "fulbito para la tribuna". Algunos voceros del oficialismo tratan de explicar que en verdad son discursos para la propia tropa (o más crudamente "para la gilada"). Pero el juez Griesa no está habituado a esas peripecias retóricas y toma las palabras en su sentido literal. Por eso, las interpreta como una manifestación de mala fe de nuestro país. Más allá de la justa y profunda indignación moral que nos pueden producir los fondos buitre, habiendo adoptado la decisión de cumplir, hay que hacerlo sin segundas intenciones, ajustando las palabras a los hechos. El momento para negociar era antes del fallo, cuando todavía existía alguna incertidumbre sobre cuál sería la resolución judicial. Ahora, con una sentencia firme, son los holdouts los que están en una posición fuerte. El margen de negociación se ha acotado dramáticamente. Ahora sólo se podrá negociar de qué forma se va a pagar todo el crédito reclamado. Puede haber esperas, pero es improbable que haya quitas, por lo menos significativas. En ese contexto, hay que obrar con humildad. Son contraproducentes los exabruptos, las advertencias, las palabras altisonantes. La Argentina tiene un problema que debe ser encarado con frialdad y teniendo en la mira los intereses nacionales. Hay que archivar los ideologismos y asumir, de una buena vez, la realidad. Otros países que atravesaron crisis y reestructuraciones de sus deudas terminaron cumpliendo fielmente la palabra empeñada y hoy logran créditos a tasas muy razonables y acceso a las inversiones. Nada impide que la Argentina empiece a recorrer ese sendero. El contexto internacional sigue siendo muy favorable. Sólo falta la decisión política. Es cierto que hay algo de injusticia en que algunos acreedores, los que aceptaron la reestructuración, es decir el 93 por ciento, cobren menos que quienes no la aceptaron y litigaron en los Estados Unidos, que ahora podrán cobrar el 100 por ciento de sus acreencias. Esto se debe a la inexistencia de mecanismos de reestructuración de deudas soberanas a la manera de los procesos concursales que existen en las legislaciones internas de todos los países del mundo. Si tales mecanismos existieran, la aceptación de una determinada mayoría de acreedores obligaría al resto. Se respetaría entonces el principio básico de los concursos, que es la "pars conditio creditorum" (la paridad de condiciones respecto de los acreedores). A falta de normas internacionales, este resultado puede obtenerse si los propios bonos establecen acciones colectivas de esa naturaleza. Pero si no están expresamente previstos, no hay norma en la que pueda apoyarse un juez, más que un vago sentido de la equidad, para rechazar demandas por el total del crédito de algunos acreedores. Es aún menos probable que esto ocurra en los Estados Unidos, donde el principio fundamental en materia contractual, el "pacta sunt servanda" (los contratos deben cumplirse), se respeta de una forma mucho más estricta que en otros sistemas jurídicos. Ahora bien, todo esto era conocido -o debía serlo- por el gobierno argentino. Era un dato de la realidad. El buen gobernante actúa dentro del campo de la realidad, buscando las mejores opciones posibles, no las que no salen del ámbito autocomplaciente de su discurso. Por eso era muy importante haber acordado antes con los holdouts. Ahora, ya no se discute si hay que pagar o cuánto hay que pagar, sino sólo cómo y cuándo se va a pagar. Una vez más, el kirchnerismo se choca con ese incómodo elemento con el que no contaba, la realidad.
