El aumento de la tasa general de inmuebles anunciado recientemente abre un interesante abanico de interrogantes. Quizá el más importante, más allá del escozor que produce la medida en un primer momento, es el derecho a la información de los ciudadanos y su participación en la gestión pública. Los funcionarios tienen la obligación de mostrar los números que sustentan la gestión y los ciudadanos, exigirlos. Ni la explicación sobre si se toca o no la alícuota como tampoco la queja en si misma alcanzan para crear ciudadanía. Cuál es el presupuesto de la ciudad, con su detalle de ingresos y gastos, y cuáles las herramientas con las que cuentan los ciudadanos para opinar sobre su definición parecen preguntas clave a contestar. El presupuesto participativo es una respuesta parcial que se viene instrumentando desde la Intendencia, parcial no por su imposibilidad sino por los límites que se le han impuesto. Pero acerca un mecanismo importante: la participación. Otros podrían ser el plesbicito, la autonomía o encuestas. Estás últimas suelen implementarse en algunas ciudades donde los contribuyentes a través de internet definen adónde quieren que se destinen sus aportes. Claro, todo abre nuevos interrogantes, compulsas, discusiones, acuerdos, pérdidas y ganancias. Pero bueno, nada es gratis.
