Los intendentes expresaron su firme rechazo al impuesto al gas

Los calificativos de inconstitucional, arbitrario, desmesurado y discriminatorio fueron las palabras más repetidas durante la reunión que un grupo de intendentes, jefes comunales, legisladores nacionales y ediles comunales del centro y sur provincial mantuvieron junto a dirigentes de la filial santafesina de la ONG Unión de Usuarios y Consumidores, en el bar El Cairo de esta ciudad.

Allí, mandatarios y parlamentarios dejaron sentada su posición ante el impuesto al servicio de gas natural por red establecido por el decreto nacional 2067/08 —al que se caracterizó lisa y llanamente como "impuestazo"— y para hacer pública entrega de las adhesiones recogidas para apoyar el recurso de amparo y la medida cautelar promovida por la citada ONG.

El intendente firmatense Carlos Torres y el presidente comunal de Chabás, Osvaldo Salomón, se mostraron junto con los integrantes de la Unión de Usuarios y Consumidores como los más entusiastas impulsores de esta particular protesta que para los desprevenidos parecía circunscripta al conocido bar de Sarmiento y Santa Fe, pero que en realidad es el producto de una auténtica y masiva preocupación nacida en el seno de numerosas poblaciones provinciales en torno a un tema que venía siendo analizado desde hacía varios meses durante reuniones en diversas localidades. Una preocupación que, como es habitual, sólo se instaló en los medios nacionales cuando los habitantes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a percibir las boletas con incrementos más que notables.

Si bien la cantidad de localidades representadas no respondía al número anunciado por los organizadores, se sentaron a la mesa de la conferencia, además de Torres y Salomón, la senadora nacional Roxana Latorre y su par provincial Edgardo Rosconi; el intendente de Casilda, Juan Carlos Baccalini, su par de San Jorge, Enrique Luis Marucci, el titular de Concejalía Popular de Rosario, Nire Roldán, y las dirigentes de la Unión de Usuarios y Consumidores (promotora de la demanda) Patricia Ferraretto y Valeria Vaccaro.

Tribuna. Más que una conferencia, la reunión fue una tribuna en la que mandatarios, legisladores y militantes de las ONG expusieron un resumen de las acciones judiciales y políticas encaradas contra el decreto 2067/08, cuyas consecuencias se están traduciendo en "desmesurados" incrementos que van del 80 al casi 340 por ciento, y que, según expresó el intendente firmatense Carlos Torres, "impactan tremendamente en la comunidad de cada una de nuestras localidades". El mandatario destacó tanto la necesidad de "mantener el tema en los medios en razón de que la Justicia tiene sus tiempos pero nosotros creemos que esto es algo que tiene que resolver en lo inmediato", como el gran número de adhesiones al pedido de recurso cosechadas en cada localidad. Estas firmas fueron adjuntadas al expediente oportunamente presentado ante el Juzgado Federal Nº 1 local, que hasta ahora ha dado lugar a la demanda judicial pero no a la medida cautelar, por la que pedimos que se dejen sin efecto los incrementos".

Apelación. Salomón, por su parte, adelantó que la Unión de Usuarios y Consumidores presentó además anteayer una apelación para que estos pedidos tengan trámite urgente y efectuó consideraciones referidas al cuestionado decreto nacional 2.067 del año pasado: además de expresarse contra lo "desmedido" de los aumentos; también enfatizó su carácter discriminatorio al señalar, apoyándose en lo indicado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que "se trata de un impuestazo. Esto también lo plantean una veintena de proyectos de ley que se presentaron en el Congreso".

Salomón tuvo un gesto —que en otro ámbito podría ser gentileza, pero que en esta ocasión fue también político—, hacia la senadora Latorre, al "agradecer a los tres senadores nacionales por la provincia el haberse opuesto a este incremento". Destacó el aspecto discriminatorio del aumento, "ya que establece para Buenos Aires un piso de 1.800 metros cúbicos, mientras en Santa Fe es de mil y 1.500", y sintetizó su propuesta pidiendo "la lisa y llana derogación del decreto 2.067/08".

Enrique Marcucci, intendente de San Jorge, hizo un llamamiento "a no dejar indefensa a nuestra gente", y destacó que los intendentes están todos los días en un frente de batalla y "no podemos hacernos cargo de las malas políticas que se apliquen a nivel nacional. Esto es un impuesto sobre impuesto; una medida inconsulta que no pasó por el Congreso, que abre más la brecha entre ricos y pobres".

Luego de Roxana Latorre (ver página 15) Patricia Ferraretto, de la Unión de Usuarios y Consumidores, calificó a la medida del Ejecutivo nacional como "una temeraria maniobra jurídica que se involucra con derechos elementales y estructurales que hacen que un ciudadano se sienta usuario y restaurado en su dignidad. Por eso es que esta vez decimos no porque está en juego la seguridad jurídica de los consumidores".