Los policías detuvieron a unos diez amigos que comían un asado en la vereda de Travesía al 300. Uno a uno, les hicieron levantar la cabeza mientras un hombre de capucha y barbijo, sin bajar de un auto, iba señalando quién de ellos debía quedar preso. Con ese mecanismo, cuatro jóvenes fueron detenidos en 2021 en un procedimiento ilegal realizado por personal de la comisaría 10ª. Cuando se detectó que todo había sido producto de una causa armada, cinco policías fueron detenidos por actuar en connivencia con la banda del asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval. Casi dos años después, el pasado fin de semana, un acusado de pertenecer a esa organización quedó detenido como quien señaló a las víctimas al actuar de nexo con los uniformados.
Se trata de Mario Germán S., de 34 años, quien fue imputado por el fiscal de la Agencia de Crimen Organizado José Luis Caterina como partícipe primario del delito de privación ilegal de la libertad agravada y como instigador de una falsa denuncia. La jueza Luciana Prunotto le dictó la prisión preventiva por 90 días. Le atribuyen haberles señalado a los policías quiénes debían ser los detenidos: cuatro jóvenes a los que referenciaban como integrantes de un grupo rival a “Los Pimpis”.
De acuerdo con la pesquisa era el interesado en los arrestos, pero no quería figurar ni quedar formalmente vinculado. Por eso se urdió un procedimiento en el que dos mujeres fueron forzadas a firmar denuncias falsas con respaldo policial. En el grave caso de corrupción hay cuatro policías involucrados. Entre ellos Gerardo Malpassi, quien fuera jefe de la seccional 10ª, cumple una condena dictada en febrero a 3 años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación por abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada y falsedad ideológica.
Nuevo delito
Si bien inicialmente los efectivos habían sido acusados por falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de sus deberes, el fiscal Caterina añadió el encuadre de la privación ilegal de la libertad agravada teniendo en cuenta que los cuatro jóvenes fueron detenidos bajo la apariencia de un procedimiento legal. Una causa armada con prueba falsa que indujo a engaño a la fiscalía y a una jueza. En el caso de dos víctimas la detención ilegal se prolongó por 83 días y recién cesó cuando se pudo desentrañar la maniobra.
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Esas detenciones ocurrieron el 21 de junio 2021. De acuerdo con la investigación, el policía del Comando Radioeléctrico Héctor Mario Dallia y el oficial de la comisaría 10ª Juan Pablo Sosa, ambos ahora imputados y en disponibilidad, pasaron a buscar a Mario S., quien se ubicó en el asiento trasero de un Renault Clio vestido con un buzo con capucha y usando un barbijo. Se trasladaron a Travesía al 300 donde estaban reunidas diez personas que se disponían a comer un asado en la vereda.
Con el apoyo de otros efectivos de la 10ª que desconocían los pormenores, fueron detenidos los cuatro señalados por S. Dos de ellos recuperaron la libertad un día después. Pero a Tomás Agustín “Tomy” G., de 19 años, y a Andrés Adrián “Pancita” R., de 22, los acusaron de una serie de balaceras. Una juez les dictó prisión preventiva por 90 días y así ambos jóvenes, supuestos integrantes de la llamada “banda de Patri” también conocida como “Los Churrascos”, quedaron tras las rejas hasta que se descubrió el trasfondo y fueron liberados el 17 de septiembre de ese año.
Mentiras y dinero
Pancita y Tomy habían sido incriminados por el testimonio de una joven que dijo haber sido amenazada por una tentativa de homicidio y otra que dijo haberse negado a vender drogas para la banda de Patri y a tener relaciones sexuales con uno de sus miembros. Sin embargo, unos 15 días después ambas mujeres se presentaron en la fiscalía con una abogada para contar la verdad. Dijeron que habían sido amenazadas por integrantes de la banda de Los Pimpis, herederos Ema Pimpi Sandoval que se disputan el narcomenudeo en la jurisdicción de la seccional 10ª. Las jóvenes aseguraron que para mentir en el acta policial a una de ellas le dieron 50 mil pesos y a la otra drogas.
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Entonces se allanó la seccional de Darragueira al 1100 y fueron detenidos el entonces jefe Malpassi; el sumariante Walter Graff, quien firmó denuncias y actuaciones, y los oficiales ahora en disponibilidad Sosa y Dallia. Este último está en prisión y afronta un pedido de 7 años y 8 meses de condena. También fue implicada la suboficial Natalia Sánchez pero las actuaciones en su contra se archivaron al detectarse que no sólo era ajena a la maniobra sino que alertó sobre irregularidades en el procedimiento. Lo mismo ocurrió con el subjefe Sebastián Ojeda, quien llegó a la guardia aquella tarde y advirtió a sus superiores sobre “algo raro”.
La hipótesis de la acusación es que el operativo fue concretado a cambio de dinero que la banda de Los Pimpis entregaba regularmente a la comisaría. El acta de procedimientos estuvo plagada de irregularidades y las jóvenes testigos fueron obligadas a firmarla. En ese documento se omitió mencionar a Sosa y Dallia, quien ya en el penal les sacó fotos a los detenidos con su celular y las reenvió a una persona no identificada para certificar que Tomy y Pancita fueran quienes debían quedar presos.
Eslabón civil
Mario S. es el único civil del grupo y es considerado el eslabón que conectaba a Los Pimpis con los policías. En la investigación se refiere que trabajaba para los herederos de Sandoval y era quien proveía droga y retiraba la recaudación de un búnker donde una de las denunciantes había sido baleada. Fue ubicado en una pieza que alquilaba en una villa y el sábado fue sometido a una audiencia.
En la época del procedimiento ilegal, según fuentes del caso, Mario S. vivía en Cavia al 1300 —punto neurálgico de reunión de la banda— y además era allegado a familiares de Ema Pimpi. Señalado como jefe de una banda narco, Emanuel Sandoval había sido condenado por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti de octubre de 2013 y en octubre de 2019 fue asesinado —junto con otras dos personas— en un ataque comando a un chalé de La Florida donde cumplía prisión domiciliaria.
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El detenido Mario S. había declarado como testigo del crimen de Marcelo David Valdez, un adolescente de 16 años que el 19 de junio de 2021 fue alcanzado por las balas dirigidas a la gente de Ema Pimpi en Cavia al 1300; un crimen por el que hubo cuatro acusados. En aquella ocasión también fue herido un medio hermano de Mario S. Dos días después ocurrió el procedimiento ilegal del que este hombre de 34 años se desligó al declarar en la audiencia.
El acusado de actuar como nexo entre civiles y policías dijo que no conoce a los uniformados implicados en la causa y que estuvo en carácter de testigo protegido por el crimen de Valdez pero no declaró en juicio porque “recibía muchas amenazas anónimas de la cárcel de Piñero” y por eso se mudó. Solicitó custodia o quedar preso en resguardo porque “la mafia lo está esperando” y siente temor.
