En los barrios rosarinos más afectados por la violencia los vecinos suelen hablar de la desconfianza a las fuerzas de seguridad: a la policía en general por la falta de patrullajes, a los agentes federales por no circular en las horas más difíciles y a las comisarías de sus zonas porque les resulta sospechoso que no se enteren de lo que todo el vecindario ve respecto de las bandas que controlan los territorios. Son apreciaciones que quedan solo en un desahogo por el hartazgo ante el crecimiento en la cantidad de hechos violentos que alteran la vida cotidiana. Pero cada tanto aparece un botón de muestra que da cuenta de cómo la policía participa de los entramados delictivos, como ocurrió en 2021 con la detención de seis efectivos de la comisaría 10º por colaborar con la banda narco "Los Pimpi". El lunes pasado fue condenado el ex jefe de la seccional, Gerardo Hugo Malpassi, a tres años de prisión efectiva.
La condena a Malpassi se resolvió en un procedimiento abreviado solicitado por sus abogados y el fiscal José Luis Caterina, que finalmente homologó la jueza Paula Álvarez. La pena de 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación para integrar la fuerza policial fue por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por ser funcionario público y por extenderse por más de un mes.
La historia comenzó el 3 de abril de 2021, con una balacera que en un principio se comunicó como un ataque sin mucha explicación contra una vivienda. Pero luego se supo que se trataba de un punto de venta de drogas vinculado a un grupo de allegados al asesinado Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, quien había sido condenado por el atentado a balazos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti. En el barrio se los conoce como "Los Pimpi", por una suerte de homenaje a su ex referente acribillado a balazos en octubre de 2019.
En aquel ataque resultó herida una joven que había llegado al lugar a comprar cocaína. Estaba en la vereda cuando vio a dos personas paradas de frente al búnker y a uno de ellos que desenfundó un arma y gatilló sin preámbulos. La chica recibió un disparo en la pierna y luego de caer al piso alcanzó a reponerse y correr hacia el interior de la vivienda, donde fue asistida. Mientras estaba internada, la joven comenzó a recibir mensajes por WhatsApp de parte de personas vinculadas al búnker. Le pasaron fotos y nombres de quienes la habían baleado y le dijeron que tenía que denunciarlos. Pero las semanas pasaron sin más novedades.
El 21 de junio, sin embargo, la joven fue sorprendida en la calle por un grupo de personas que la subió a un auto por la fuerza. La llevaron a la comisaría 10º, ubicada en Darregueira al 1100, la sentaron frente a un sumariante y solo le quedó asentir ante lo que otro policía dictaba acerca de quiénes habían baleado la casa aquella tarde de abril. Para entonces los presuntos tiradores ya habían sido detenidos y señalados ante la fiscalía como los autores del ataque. Entonces los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot imputaron a dos de de ellos: "Tomy", de 19 años; y "Pancita", de 22; ambos señalados como integrantes de "Los Patri", una banda rival a "Los Pimpi". La jueza María Trinidad Chiabrera ordenó entonces la prisión preventiva por 90 días.
>>Leer más: La comisaría 10º, la ley de la selva y la regulación del delito
Con el paso de los días los fiscales supieron que habían imputado a estos dos jóvenes con dos testimonios falsos que los policías de la comisaría 10º habían presentado formalmente como ciertos. Se enteraron de esa irregularidad 15 días después de la imputación, cuando las dos testigos pidieron entrevistarse con el fiscal y confesaron que habían mentido en sus declaraciones. Admitieron que integrantes de "Los Pimpi" les habían prometido entregarle droga a una y 50 mil pesos a otra a cambio de que incriminaran a la banda rival.
En ese marco la fiscal Haurigot había considerado el caso de la comisaría 10º "como un ejemplo rotundo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito". El comisario supervisor y jefe de la comisaría 10º, Gerardo Malpassi; el subcomisario Sebastián Ojeda; los oficiales Walter Graff y Juan Pablo Sosa; la suboficial Natalia Sánchez y el oficial Héctor Mario Dallia fueron imputados en septiembre de 2021 por cohecho y falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
"Dicha maniobra criminal fue concretada a cambio de dinero que la banda "Los Pimpis" entregaba regularmente a la Comisaría 10º", indicaron los fiscales en aquella oportunidad. "Es la única explicación lógica por la cual funcionarios públicos pudieron haber hecho eso a sabiendas de que acarrearía muy probablemente la detención de personas inocentes”, agregaron. En un allanamiento a la casa del ex comisaría se secuestró una suma de dinero en efectivo cercana a los 300 mil pesos. En el marco de esa causa fue que los representantes legales de Malpassi, los abogados Ezequiel Torres y Luciano Zissele, y el fiscal Caterina, solicitaron el procedimiento abreviado que el lunes fue homologado por la jueza Paula Álvarez. Así, el ex comisario pasará 3 años en prisión y 6 de inhabilitación para integrar la fuerza.
