No se puede otorgar el 82 por ciento a los haberes jubilatorios, pero no se puede seguir pagando haberes de 800 pesos mensuales ni ignorar el crecimiento del costo de la canasta familiar que a partir de cierta edad tiene el adicional de los altos costos de los medicamentos. Decir no se puede ¿no es ignorar otras fuentes de financiación de la seguridad social? Con un Estado nacional que no ha querido modificar la ley de entidades financieras heredada de la dictadura, aplicar retenciones a las exportaciones mineras, impuestos progresivos al juego, a las operaciones bursátiles, transferencias monetarias, a las grandes fortunas, los barrios cerrados, las grandes inversiones inmobiliarias y los pooles de siembra. Si el Estado reconoce que no hay suficientes aportes de activos para sostener la masa de jubilados, ¿no está reconociendo una alta tasa de desocupación, trabajo en negro y salarios insuficientes? Los siempre beneficiados sectores empresariales, ¿no es hora de que hagan un aporte especial a resolver este problema y aseguren sustentabilidad al sistema provisional deformado no por culpa de los pasivos? ¿Cuándo se terminarán las jubilaciones y pensiones de privilegio entre las que se cuentan algunos represores y ex funcionarios de la dictadura? ¿Cuándo se embargarán los bienes mal habidos de corruptos funcionarios que por la lentitud de la Justicia siguen cobrando fortunas? Señora Presidenta: ¿quiere que le digamos los jubilados de dónde se pueden sacar nuestros aumentos? ¿Por qué no debatimos en serio, ponemos los números sobre la mesa y decidimos entre todos ponerle punto final a la injusticia social, al hambre y la miseria? ¿No se puede o no se quiere? Tampoco se podía dar la asignación universal por hijo y hoy la propaganda oficial reconoce un incremento en la matrícula escolar a partir de los insuficientes ciento ochenta pesos mensuales devorados en parte por la inflación, nunca sincerada.
