La muerte de Gerardo Escobar será investigada por la Justicia Federal

La investigación judicial por la desaparición y posterior muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, el joven empleado municipal golpeado a la salida de un boliche céntrico y hallado sin vida en el río Paraná en agosto pasado, pasará a la Justicia Federal bajo la calificación de desaparición forzada de persona. Un juez provincial tomó la decisión ayer tras ponderar nuevas evidencias que hacen pensar en una posible participación policial en el caso.

La resolución fue adoptada por el juez penal Luis María Caterina a pedido de la querella y la fiscalía, aceptando el cambio de calificación de homicidio y encubrimiento agravado a desaparición forzada de persona, delito que supone la participación del Estado (en este caso la policía) y que por eso debe instruir la Justicia federal.

En una audiencia por momentos tensa, los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria expusieron nuevas evidencias para sustentar el pedido de cambio de radicación de la causa y la supuesta participación policial:

• La falta de información oficial sobre el posicionamiento de dos de los cuatro patrulleros de la comisaría 3ª el 14 de agosto, cuando Gerardo fue golpeado y luego desapareció.

• El relato de un detenido en la comisaría de calle Dorrego que dijo escuchar cómo ingresaban a una persona y que era común que golpearan a jóvenes que detenían alcoholizados, y el relato de otro recluso que recordó escuchar a dos policías que refirieron tener "un quilombo bárbaro por Escobar".

• El no registro de todos los detenidos en el libro de guardia de la 3ª y eso lleva a sospechar un acuerdo entre efectivos policiales y personal del after La Tienda, de Tucumán al 1100, lugar del cual salió Pichón antes de desaparecer y morir.

• Los vecinos que hablaron de un pacto con el titular de La Tienda para tener una seguridad "extendida" en las inmediaciones y así controlar desmanes, lo cual se traducía en la presencia de patrulleros.

• La situación atravesada por un joven que en 2012 fue golpeado en la puerta del boliche por un patovica, se desmayó y despertó en la seccional de calle Dorrego al 100; y de otro muchacho que el 18 de julio de 2015 fue agredido al pasar por el local.

A esa postura adhirió también la querella. El abogado Gustavo Vera, en representación de la hermana de Gerardo Escobar, insistió en los resultados de la autopsia y de laboratorio sobre el cuerpo de Pichón. Para enhebrar la hipótesis de que fue brutalmente golpeado, e indicó que aún están pendientes los exámenes del cerebro y la zona genital de la víctima que realiza el cuerpo de médicos legistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La hipótesis de la querella se basa en que un patrullero levantó a Escobar en Sarmiento y Catamarca donde lo vieron llegar tras ser golpeado por patovicas de La Tienda la madrugada del 14 de agosto, siete días antes de que el cuerpo fuera hallado en el río.

Causales de muerte. Los defensores replicaron esos argumentos. Ignacio Carbone, en representación de los custodios César Dario A. y José Luis C., relativizó los indicios como elementos fundantes de un cambio de caratula. Y se agravió porque a la fecha no se trató la situación de prisión preventiva de los acusados. "Hay dos realidades distintas en el legajo. La autopsia determinó que la causal de muerte es por asfixia, y que no presenta lesiones internas y externas. Se dice que Escobar fue golpeado salvajemente pero los estudios no demuestran eso, más allá de un golpe en las costillas que sólo se infiere y se descarta la asfixia".

El letrado relativizó la declaración del detenido en la seccional 3ª que dijo escuchar los gritos de undetenido. "Otros 12 detenidos fueron entrevistadas por la fiscalía y ninguno dijo escuchar nada", puntualizó. "Hasta el momento son todas hipótesis: suicidio, homicidio o accidente, y hasta el momento eso no cambió. Lo que traen la querella y la fiscalía no alcanza para el cambio de jurisdicción", fustigó Carbone.

Tras ese relato se encolumnaron los abogados José Luis Giacometti, por el policía José Luis A., que hacía adicionales y custodiaba la puerta del after; Marcelo Piercechi, por el policía Maximiliano A.; y Leopoldo Monteil, por el patovica que una cámara muestra que golpea a Pichón detrás de un auto estacionado tras seguirlo desde el boliche para recriminarle que había roto el espejo del auto de la encargada del local nocturno. Hasta ayer, todos estaban acusados de homicidio y encubrimiento agravado.

Momento oscuro. Después de unas tres horas Caterina dio a conocer su veredicto. "Todo indica que Escobar fue golpeado y murió por asfixia, o sea que hubo una supervivencia entre los golpes y la asfixia, un momento que no sabemos cuánto tiempo fue y a qué se debió. Estaba en un estado de embriaguez importante, y el agregado de cafeína, sin perjuicio de los ulteriores estudios, supone un estado de excitación importante y acrecienta la situación de vulnerabilidad en la cual podría haber estado", describió.

Caterina fue mencionando argumentos que presagiaron su decisión. "Hay que ver después de la situación de golpes y el momento de la muerte, qué participación hubo. Si es de las personas imputadas, de otras, o de alguien que pueda ser representante del Estado, es decir si hubo participación policial y de la comisaria 3ª", algo que aún es "dudoso" sobre si esa noche fueron móviles de esa comisaría o de otras dependencias. "De todas maneras hay un dato que es interesante y que crea un antecedente, las declaraciones de dos personas que pasaron por lo mismo en 2012", indicó.

"Esa noche al menos un testigo (detenido en la seccional) reconoce que hubo gritos en la comisaría, lo cual prueba uniéndolo a versiones anteriores, que frecuentemente con los ingresos de detenidos había gritos y golpes", dijo Caterina. Y sostuvo que siempre puede haber "imperfecciones en los registros de los libros de guardia de las comisarías, como en actas de procedimiento".

Acerca de la información de los GPS de los patrulleros, el magistrado repitió que "faltan datos de dos móviles. Si sumamos todo ésto creo que ha habido, sin que se pueda precisar cuál fue, una participación de la policía posteriormente a los golpes sufridos por Escobar".

Finalmente, el magistrado habló de "la posibilidad de un acuerdo de seguridad extendido en el vecindario de La Tienda", lo que lo inclinó a pensar "que realmente ha habido una participación policial y un ocultamiento posterior de la información. Y que por esa razón se configura la figura de la privación ilegítima de la libertad "sin perjuicio de que ésto demanda mayor investigación", y frente a lo cual declaró la incompetencia de la Justicia provincial y la remisión de la causa a la Justicia federal.