El debate sobre la creación de un régimen penal juvenil, que recién comienza en
el Congreso de la Nación, repercute con distintos matices en los actores involucrados en el tema en
la provincia de Santa Fe. Pero hay un punto en el que los especialistas de los tres poderes
públicos y organizaciones civiles coinciden: el sistema heredado de la dictadura con el que
actualmente se juzga a los jóvenes involucrados en delitos debe modificarse.
Funcionarios, jueces, legisladores y entidades civiles de la provincia
concuerdan en que el sistema vigente debe reemplazarse por un dispositivo que respete derechos y
garantías. No sólo para adecuar las leyes a tratados internacionales sino para que la respuesta
judicial sea eficiente: en el régimen actual, señalan, en nombre de la tutela sólo se impone
castigo. Lo que en modo alguno garantiza que el joven pueda responsabilizarse de sus actos.
La propuesta fue lanzada hace quince días por el gobierno nacional ante la
alarma social por el crimen del chofer Daniel Capristo en Valentín Alsina, por el que fue detenido
un chico de 14 años. La iniciativa consiste en reemplazar el sistema tutelar por un régimen penal
juvenil que se extienda a los jóvenes de 14 años (hoy son punibles a partir de los 16 años). Esto
no debe confundirse con la rebaja de la edad de imputabilidad, lo que implicaría una reforma de
otro orden.
Actualmente en el Congreso nacional se debaten en comisiones nueve propuestas.
Proponen asistencia jurídica, derecho a apelar, y medidas alternativas al encierro como la multa,
reparación del daño y prestación de servicios. La privación de la libertad es prevista como último
recurso ante delitos graves.
La iniciativa tampoco debe tomarse como una política pública para solucionar el
problema de la criminalidad juvenil. De lo que se trata es de cambiar el modo en que se somete a
proceso a los adolescentes acusados de delitos. Un cambio que distintos actores consultados
consideran necesario, si bien disienten en cuanto a la edad en que los jóvenes deben ingresar al
sistema penal. Estos son sus puntos de vista:
Pedro Morini (diputado nacional UCR): "Ante un problema social y económico como
la delincuencia juvenil el gobierno propone imputar a más jóvenes, cuando tendría que responder con
políticas de inclusión y protección. Estamos de acuerdo con una nueva ley penal respete las
garantías de los chicos desde los 14 años, pero también hay que crear institutos que corrijan y no
que funcionen como una cárcel común".
CTC. Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario "se necesita un sistema penal
juvenil, pero ello no requiere bajar la edad de imputabilidad. Que los jóvenes más pobres ingresen
al sistema penal a una edad más temprana es responder a su desamparo con el encarcelamiento y la
violencia del sistema penal. Estigmatizar a los menores como delincuentes y no tomar medidas contra
la desigualdad es peligroso: genera más violencia. Bajar la edad de punibilidad a los 14 años sería
regresivo y sólo busca el castigo, cuando la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen
delitos graves es ínfima. Los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las
empresas criminales. Si un niño de 14 años roba un auto, lo más seguro es que recibe un arma y una
paga miserable para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren
repuestos más baratos".
Héctor Superti. El ministro de Justicia provincial dice que "el régimen penal
juvenil tiene que arrancar a los 14 años. Los proyectos prevén un régimen distinto en cuanto a las
penas y los delitos que se les puede imputar a los para los chicos de 14 a 16 que para los que
tienen entre 16 y 18".
Juan Lewis. El subsecretario de Asuntos Penales se define "totalmente de acuerdo
con regular un régimen penal juvenil. En la actualidad nos estamos moviendo con una ley de la
dictadura que es anacrónica y responde a un paradigma tutelar del cual hay que emigrar. Reconocer a
los jóvenes la posibilidad de un proceso con garantías procesales no se debe confundir con bajar la
edad imputabilidad, con lo que no acuerdo. Tampoco creo que en el nuevo régimen haya que extender
el uso de la represión a jóvenes de 14 años, porque la respuesta penal genera serias secuelas en un
adolescente. Ante esos casos, que son excepcionales, el Estado debe reaccionar con políticas de
inclusión, educativas y de salud, fuera del ámbito penal".
María del Carmen Musa. La jueza de Menores de Rosario dice: "Estamos ávidos de
un sistema que derogue la ley 22.278 vigente y cree un régimen de responsabilidad penal con
garantías constitucionales, donde el juicio llegue pronto y la sanción también. A la ley actual no
le importa si el chico cometió delito o no. El juez puede disponer de él por el ejercicio del
patronato, lo que significa internarlo sin decirle por cuánto tiempo. Esto es más gravoso que una
pena. Para aplicarle pena a un menor hay que esperar a que cumpla los 18 años y que haya fracasado
el tratamiento tutelar, un eufemismo para lo que a veces no es más que el encierro. Así, cuando la
pena llega, es tarde. Y si no llega una sanción, el chico nunca va a internalizar el daño. Estamos
clamando a gritos por un sistema que en lugar de considerar al chico sujeto vulnerable lo entienda
sujeto responsable, que pueda hacerse cargo de su conducta y de las consecuencias de sus actos. En
este marco, soy partidaria de bajar la edad a 14 años. No para castigarlos ni dejar contenta a la
ciudadanía con el encierro, sino porque es el modo más seguro —aunque no el mejor— de
que estos chicos sean mirados y socorridos por el Estado".