“¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo... Hermanito, matalo”. La orden dictada mediante videollamada por un preso de la cárcel de Piñero derivó en un balazo en la cabeza de Brian Francisco Giménez, un joven de 25 que estaba amordazado y atado con cables a una silla de plástico en el patio de una casa de la villa La Bombacha que funcionaba como un búnker de drogas al parecer regenteado por la banda de Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon. La víctima apareció asesinada horas después, la madrugada del pasado 3 de octubre, en Juan B. Justo al 8700 y el jueves el fiscal Adrián Spelta imputó por el homicidio a un hombre de 27 años, César Alberto V., quien quedó en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.
En la misma audiencia estaba previsto imputar al preso que, según la acusación fiscal, dio la orden desde la pantalla de un celular en el pabellón 9 de Piñero: Brian Emanuel Villalba, de 31 años, preso desde 2013 por un crimen en el barrio Hostal del Sol e imputado a fines del año pasado como miembro de una asociación ilícita —se lo sindica como “jefe de sicarios”— que le atribuyen comandar al Peruano desde la cárcel de Ezeiza. Sin embargo, el muchacho apodado “Negro Brian” alegó que tenía abogado particular y rehusó a ser patrocinado por un defensor público, por lo cual el juez Florentino Malaponte dispuso que sea imputado en los próximos días.
En tanto por el crimen de Giménez, según fuentes judiciales, sigue prófuga otra persona que participó del hecho y que hasta el momento no fue individualizada.
Casa de pasillo
La madrugada del 3 de octubre de 2022 el cadáver de Brian Giménez fue hallado en el patio de una casa en un pasillo de La Bombacha, en la zona noroeste. El cuerpo del chico conocido en la zona como “Paraguayo” estaba maniatado con cables coaxiles y tenía en la boca una tela cortada de una cortina que había en el mismo patio donde lo habían matado, según dio a conocer el fiscal Spelta horas después del hallazgo.
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La casa en cuestión, presumían entonces los investigadores, se usaba para venta o acopio de drogas. La pesquisa encabezada por Spelta comenzó por establecer, a partir de rastros y huellas, quiénes habían estado en ese lugar junto a la víctima quien había llegado “antes de ser asesinada”, dijo entonces el fiscal.
“Era adicto, pero no vendía drogas. A ese lugar fue a comprar y lo mataron. Así fue”, dijo entonces a este diario con gran pesar su padre. “Varias veces —agregó— lo llevamos a hacer tratamiento a una casa que está cerca de la terminal, pero no pudo salir. Vendía sus cosas para pagar la droga y trabajaba de albañil para pagar sus consumos. No nos dijo si lo habían amenazado o algo así”.
Los vecinos describieron a Giménez como “un buen pibito” y uno fue más allá: “No parecía bravo ni vendía ni nada. Los que lo mataron sí venden”, sostuvo mientras señalaba los búnkers que había entonces en la zona. Aquella tarde, algunos sindicaban a una familia del lugar “como usurpadores y transeros” que amenazaban a la gente a los tiros. Pero otros, por lo bajo, apuntaban a “los peruanos que mataron al pibe Lucas Vega, los mismos asesinos”, en referencia a un nene de 13 años que había sido asesinado dos meses antes en Génova y González del Solar.
Pabellón 9
Finalmente la pesquisa condujo a una asociación ilícita por la cual dos meses después de ese crimen imputaron a Rodríguez Granthon y otras 18 personas. Hasta entonces el “Peruano” venía cumpliendo condenas de la Justicia Federal por narcotráfico y se lo mencionaba como uno de los mayores proveedores de drogas de la región, además de estar imputado como parte del plan criminal del homicidio del ex edil Eduardo Trasante.
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Pero a fines de 2022 los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone sumaron otra imputación al ubicarlo al frente de una banda polirrubro que a base de distintos delitos violentos manejaba la venta de drogas en barrios del oeste y norte de Rosario, así como en Funes y Arroyo Seco. Según la imputación el Peruano manejaba esa asociación desde el penal federal de Ezeiza con conexión directa al pabellón 9 de Piñero, donde estaban alojados 10 de las 18 personas imputadas entonces.
“Comprobamos la pata violenta ligada al narcomenudeo que genera hechos delictivos todos los días, sobre todo en la Vía Honda donde esta estructura operaba mucho. Detectamos que Rodríguez Granthon, con su mano derecha intramuros, operaba todos los días las 24 horas por celular en comunicación constante con otras personas y jefes de organizaciones”, dijo esa vez Carbone.
Los acusadores plantearon que el Peruano bajaba por teléfono o a sus visitantes instrucciones para cobrar deudas, ofrecer recompensas para matar a rivales y hasta se detectó que abonaba un sueldo semanal a los sicarios. En ese marco los fiscales ubicaron a Brian Villalba como una suerte de jefe de sicarios de la organización, rol que ejercía desde la cárcel de Piñero donde estaba alojado desde 2013 acusado de matar a Lisandro “Lichi” Ayala la tarde del 11 de mayo de ese año en avenida Central al 8000 de Hostal del Sol.
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“Brinda instrucciones al brazo armado del grupo sobre los domicilios o las personas que deben atacar, dispone el pago y reprende a sus subordinados en caso de que no hayan tenido los resultados esperados”, dijeron de Villalba los fiscales que lo imputaron como jefe en la asociación ilícita del Peruano.
Orden a distancia
Y según la investigación del crimen de Giménez, uno de los asesinatos que podría haber ordenado Villalba fue el del joven de 25 años ultimado en La Bombacha, en el patio delantero de una casa del pasillo de Juan B. Justo 8754. Allí, según la acusación, a la 1.15 del 3 de octubre pasado “César V. y otra persona aún no individualizada sentaron a Brian Giménez en una silla de plástico, le ataron sus manos con cables cortados y le pusieron una mordaza en la boca” para luego ponerse en comunicación por videollamada con el Negro Brian.
Según la evidencia presentada en la audiencia del jueves, el preso le dijo a la víctima: “¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo”. Y acto seguido, le dijo a sus cómplices: “Hermanito, matalo”. Para el fiscal César V. fue uno de los gatilleros, al punto que además de imputarlo de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego le agregó el delito de portación del arma de guerra con el cual fue cometido el crimen.
Además Spelta dijo en la audiencia que la casa en la que mataron a Giménez funcionaba como búnker hasta que fue desmantelada por un allanamiento en el que fueron detenidos dos personas para las cuales César “continuó vendiendo droga” y que “responden en última instancia al peruano Rodríguez Granthon”.
El fiscal pidió la prisión preventiva por el plazo de ley para César V., detenido el pasado domingo, y la defensa se opuso, luego de cuestionar los elementos expuestos como evidencia. Por eso pidió la libertad del joven con una firma semanal y la prohibición de salir de la ciudad, o al menos un plazo de 90 días de detención provisoria.
Pero el juez rechazó esos pedidos y le dictó a César V. el encierro por el plazo de hasta dos años. Además ordenó, a pedido del fiscal, que no fuera alojado en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero donde se encuentran otros sospechados de integrar la banda del Peruano.
En ese contexto, y como no había nombrado a sus abogados particulares para que lo representaran en la audiencia, Brian Villalba será imputado en los próximos días según indicaron fuentes judiciales. Habrá que esperar para saber qué rol le achaca el fiscal y, en consecuencia, qué delito le atribuirá.
