En una audiencia que se extendió a lo largo de diez días, el piloto civil Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, acusado de ser uno de los mayores proveedores de drogas de la región, fue imputado como jefe de una asociación ilícita junto a otras 18 personas acusadas por ocupar distintos roles o prestar servicios para el grupo al que se le atribuyen ataques a tiros y actos de violencia en el oeste y el norte de Rosario, además de las ciudades de Arroyo Seco y Funes. El líder del grupo está preso en la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple dos condenas por tráfico de drogas, y ahora sumó la prisión preventiva en el marco de esta causa. Del total de implicados,18 quedaron presos por distintos plazos asignados por la jueza María Melania Carrara.
La imputación a la banda del Peruano comenzó el pasado lunes 18 de diciembre en el Centro de Justicia Penal. Desde entonces, los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone expusieron en detalle las evidencias por las que acusaron a 19 personas de cometer delitos “contra las personas, la propiedad, la libertad, la administración y la seguridad pública”, además de un intento de extorsión y una tentativa de homicidio. Otros cinco acusados de integrar la banda permanecen prófugos.
Como jefe del grupo fue imputado el Peruano Rodríguez Granthon, sindicado como uno de los mayores proveedores de drogas para diferentes organizaciones criminales de Rosario y la región. Está preso desde el 14 de junio de 2019 y acumula dos condenas por tráfico de drogas por un total de 12 años. Además está acusado como partícipe del plan criminal que terminó con la vida del pastor y ex concejal Eduardo Trasante, un caso por el cual el lunes pasado se presentó la acusación con un pedido de prisión perpetua.
Los fiscales plantearon que, a partir de sus actividades narco, la organización criminal desplegó actos de violencia en barrios del norte, el oeste y el sur de Rosario para apropiarse de territorios, excluir a la competencia y “doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal y obligarlas al pago”. Esto, con la intención añadida de sembrar temor en la sociedad. Las actividades de la asociación se extendieron a las localidades de Arroyo Seco y Funes. Se estima que funcionó al menos desde enero de 2022 hasta las detenciones realizadas el 12 de diciembre pasado.
“Hemos comprobado la pata violenta ligada al narcomenudeo que genera hechos delictivos todos los días, sobre todo en el barrio de la Vía Honda donde esta estructura operaba mucho. Detectamos que Rodríguez Granthon, con su mano derecha intramuros, operaba todos los días las 24 horas por celular en comunicación constante con otras personas y jefes de organizaciones”, dijo al finalizar la audiencia el fiscal Franco Carbone, quien indicó que a partir de ahora se abrirá una segunda etapa en la pesquisa.
El grupo cayó en allanamientos del 12 de diciembre en Rosario, Funes, Fighiera, Roldán y Arroyo Seco además de requisas en celdas de la cárcel federal de Ezeiza y las provinciales de Piñero y Coronda. En el pabellón 9 de Piñero se encontró, en una de las paredes, “un nido” con 30 celulares, ocho de ellos IPhone. Otros 13 aparatos fueron incautados en Ezeiza. Se secuestraron autos de alta gama, dinero, camiones y armas. De los 19 acusados, diez ya estaban detenidos y según la investigación, el Peruano “negociaba con todos”, en referencia a distintos grupos criminales. Aunque tenía contacto estrecho con Los Monos a través de Damián “Toro” Escobar, detenido en otro pabellón de Ezeiza.
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A Rodríguez Granthon le atribuyeron ser “el jefe o líder máximo, la persona a quien en última instancia reportan directa o indirectamente todos sus miembros”. Según la imputación, a partir de llamadas telefónicas y de quienes lo visitaban en la cárcel bajaba instrucciones a los eslabones inferiores. Exigir cobranzas de deudas, ofrecer recompensas por el asesinato de personas de bandas antagónicas y disponer el uso de armas de fuego, vehículos y tiratiros eran parte de las órdenes emitidas desde prisión. Y en ese marco se detectó que abonaba un sueldo semanal a los sicarios de la organización además de gestionar el ingreso de celulares al penal.
También con el cargo de jefe en la banda fue implicado Brian Emanuel “Negro Brian” Villalba, quien según los investigadores era una especie de jefe de sicarios y tiratiros del Peruano, rol que ejercía desde su celda en Piñero. “Brinda instrucciones al brazo armado del grupo sobre los domicilios o las personas que deben atacar, dispone el pago y reprende a sus subordinados en caso de que no hayan tenido los resultados esperados”, dijeron los fiscales.
Otro de los acusados es el padre del Peruano, Francisco Rodríguez Villarreal, acusado en una causa federal como partícipe necesario del comercio de estupefacientes y detenido en una propiedad de Esteban de Luca al 1000 de Funes. El hombre, de 62 años, fue imputado por colaborar en libertad con “todas las tareas” que su hijo no podía ejecutar en prisión además de gestionar una de las empresas que absorbía dinero de la actividad criminal: administraba tres camiones que facturaron alrededor de 30 millones de pesos este año.
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Diecisiete personas fueron acusadas como miembros de la asociación ilícita, todos con roles diferenciados. Así Pablo P., quien compartió pabellón con el Peruano en Ezeiza, fue acusado como el referente de la asociación en Arroyo Seco y a cargo de un subgrupo en el que se incluye a su hermano Esteban P., considerado el encargado de la venta de drogas al menudeo en esa localidad. La madre de ambos, Vanesa Gisela C., fue acusada por “recaudar, entregar y depositar el dinero” de esa célula y ser el nexo de su hijo preso con el exterior. Dentro del mismo subgrupo se incluyó a Virginia M., pareja de Pablo P. y ligada a las cobranzas.
Yanina Marta M., dijeron los fiscales, “es socia y principal referente de una empresa dedicada al transporte de cargas” que, a través del dinero y vehículos aportados por el padre del Peruano, “utiliza esa estructura societaria para obtener un rédito económico” a la vez que “traslada a miembros de la banda oficiando de chofer”. A Lucila R., pareja del Peruano, se la acusa de ingresar celulares a la cárcel de Ezeiza en las visitas al líder y se la relaciona con Cristian B., “encargado de trasladar a miembros y familiares en vehículos del grupo” para realizar cobranzas o cometer actos delictivos.
El imputado Alexis Mauro R. fue considerado uno de los referentes que tuvieron el Peruano y su jefe de sicarios mientras estuvo en libertad como “encargado de reclutar a las personas, decidir quiénes ejecutaban los hechos, determinar qué rol tenía cada uno en esos hechos y qué armas de fuego y vehículos usaban. Además, participaba personalmente en los hechos violentos encomendados por los eslabones superiores”.
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Otro supuesto brazo armado de la banda era Jorge P., ligado a hechos violentos como sicario, mientras que Nazareno G. informaba a los jefes de los hechos cometidos y reclamaba el pago. También entre los tiratiros figuran Luis L. y Javier A., quien asumía el puesto de “piloto” o chofer.
Los hermanos Gastón C. y Marcelo C., presos en Piñero, “brindaban instrucciones a allegados y a su entorno familiar sobre la venta de drogas, cobranzas de deudas, disposición de armas de fuego y vehículos”; mientras que un tercer hermano, Alexis C., “es parte del brazo armado del grupo”. Por último, Lautaro R. “es uno de los encargados de custodiar, proteger y trasladar armas de fuego”.
Seis acusados como integrantes sumaron otras acusaciones conexas por delitos como encubrimiento, tentativa de homicidio calificado e intento de extorsión. Y en ese marco la jueza Carrara dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para 16 de los imputados; por 120 días para Lautaro R. y Javier A.; y la libertad con restricciones para Cristian B.
