Todos somos iguales ante la ley, pero parece que hay quienes tienen menos derechos de los existentes, y otros más. Los jueces son ciudadanos con derechos iguales al resto, pero parecen tener más. Un funcionario público es procesado por supuestos ilícitos cometidos con otros cómplices, que presuntamente surgirían de cruces de sus comunicaciones telefónicas, ordenadas por el juez Oyarbide, a su vez sospechado de connivencia con el poder, y con impunidad asegurada _no es el único_ en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasaría si se cruzaran sus comunicaciones? ¿Surgirían sus contactos con integrantes del poder frente al cual claudicó? ¿No sería sospechado de asociación ilícita con aquel, para realizar operaciones destinadas a dañar a sus opositores? Lamentablemente la institución judicial que puede ponerle el cascabel al gato, también está prisionera del poder. Es sorprendente la discrecionalidad con que actúan los jueces. Hay injusticias producidas por los "injueces". Este es el país que no supimos hacer. Que impotencia.
