El faraónico proyecto del tren de alta velocidad para unir Buenos Aires-Rosario-Córdoba, que no ha sido explicitado en sus costos reales, vuelve a tomar impulso mediático y cuando más aclaran, más oscurece. Instalar la cuarta trocha, con uso exclusivo para un servicio ferroviario de dudosa conveniencia comercial y con casi seguros subsidios dados los altos costos de su explotación, debe ser analizado por el Congreso nacional, ya que implica un nuevo endeudamiento externo con responsabilidades expresas que debe encarar el Parlamento, indicando que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para negociar este tipo de acuerdos. Esta cuestión del tren bala implicaría un nuevo endeudamiento y hasta una multa de quinientos millones de dólares si dicho proyecto “se cae” por decisión de nuestro gobierno, pero no hay una información pública creíble y técnicamente desarrollada como para convencernos a los críticos del proyecto. Es grave que el Ejecutivo ignore el sistema parlamentario y mucho más grave es que negocie créditos o inversiones sin el aval de ese Parlamento que pueden incrementar nuestra deuda externa y condicionar nuestro progreso porque este proyecto del tren de alta velocidad no resuelve el problema del transporte terrestre que el menemismo se encargó de destruir eliminando los trenes y saqueando su infraestructura.
