El juez federal de Nueva York Thomas Griesa ordenó al gobierno argentino pagar 1.330 millones de dólares que reclaman los tenedores de bonos que entraron a los canjes de deuda en un plazo que no puede exceder el 15 de diciembre. La decisión del magistrado golpea al Estado nacional y a los acreedores que aceptaron quitas en el marco de la reestructuración de los pasivos públicos luego de la crisis de 2001. Y crea las condiciones para que los fondos buitres se beneficien con una suerte de "default técnico" de la Argentina. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que pedirá a la Corte de Apelaciones neoyorquina la revisión del fallo y ratificó el pago a los bonistas que están en regla. Además, advirtió sobre las consecuencias de este nuevo "colonialismo judicial" sobre el sistema financiero internacional.
La orden de Griesa logró derribar la cotización de los bonos de deuda argentino. El cupón PBI cayó más del 13 por ciento y el mercado accionario sintió el impacto de la medida judicial, con una caída del Merval del 3,3 por ciento. Pero también abroqueló a la mayor parte del sistema político, del oficialismo y la oposición, en torno de la posición oficial de no pagarle a los fondos buitres y en el cuestionamiento al fallo de Griesa.
La batalla legal. Los fondos buitres son la porción mayoritaria de los holdouts, tenedores de bonos de la deuda argentina defaulteada en 2001 que no aceptaron entrar en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Estas reestructuraciones, que supusieron quitas de hasta el 70 por ciento en el valor de esos títulos, reunieron un 93 por ciento de adhesión.
Entre los que no entraron están estos fondos que tienen como negocio comprar papeles en situación de riesgo para luego litigar. Y, de paso, ganar un plus en los mercados de cotización de primas de riesgo, donde se apuesta por el default de los paises.
Así, fondos buitres como NML (filial del fondo Elliot que pidió el embargo de la fragata Libertad) y Aurelius, litigan desde hace una década en los tribunales de Nueva York para cobrar el 100 por ciento del valor de sus bonos.
El juez Griesa, que durante estos años tuvo varios fallos a favor de la Argentina, consideró el 23 de febrero de este año que los holdouts tenían razón cuando planteaban que el gobierno los discriminaba al no ofrecerles el mismo trato que a los bonistas que sí entraron en el canje.
El gobierno apeló el fallo y, en su derrotero, contó con el respaldo de los tenedores de bonos poscanje, los bancos agentes de pago, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York.
Las audiencias convocadas por la Justicia fueron seguidas atentamente por abogados e inversores neoyorquinos, que entienden que el caso es testigo de cara a los conflictos que prometen los procesos de reestructuración de deudas en Europa. La cosa es que en octubre, la Corte de circuito neoyorquina le dio la razón, aunque con objeciones parciales, a Griesa.
La respuesta argentina fue pedir una suerte de medida cautelar, que suspenda la orden de pagar a los buitres, mientras se discutía judicialmente un abanico de temas anexos.
Entre ellos, cómo debían accionar las entidades que deben transferir los pagos para cumplir la orden de juez sin afectar a los acreedores en regla. Esto es porque la Argentina ratificó en varias ocasiones que pagará puntualmente los vencimientos de diciembre por 3.100 millones de dólares a estos bonistas, pero no los 1.330 millones que reclaman los buitres.
Golpe por golpe. Esta posición fue ratificada con tanto énfasis por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus ministros que, cual juez de servilleta, Griesa decidió enviar un mensaje al corazón del poder político.
Antes de irse a disfrutar dle feriado de Acción de Gracias, levantó la cautelar y explicó en seis páginas que frente a la amenaza de reiterada del gobierno de incumplir sus órdenes, le exigía depositar los fondos correspondientes al pago a los holdouts.
De no hacerlo, dijo, echará mano de los 3.100 millones de fondos que se girarán para pagar a los bonistas no buitres. E hizo responsables a los agentes de pago de hacer cumplir la decisión.
Default. De no obtener una resolución del tribunal de alzada, si se diera este caso, la Argentina entraría en una suerte de "default técnico", que nada tiene que ver con su capacidad de pago sino con una maniobra judicial que podría sentar un peligroso antecedente para futuras reestructuraciones de deuda. Y que dejaría grandes ganancias a los fondos buitres.
Las consecuencias legales son difíciles de prever ya que la Argentina está fuera del mercado internacional de deuda. Probablemente, la sanción se evidencia en más episodios como los de la fragata Libertad o trabas para prefinanciar exportaciones en el exterior.
