El criminólogo Marcelo Saín formuló un juicio muy crítico de las políticas de seguridad llevadas a cabo en los diez años de gestión encabezadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Su valoración es que en este ciclo predominó, con excepciones puntuales, una pauta política tradicional de abordaje a la cuestión policial, con un giro conservador en la gestión de la actual presidenta. En la última etapa, piensa Saín, prevalece una contradicción insalvable: un discurso marcadamente reformista que reivindica la conducción política del sistema policial contra un accionar nada proclive a iniciar reformas de fondo en las fuerzas de seguridad federales.
Experto en temas de seguridad y actual diputado bonaerense por Nuevo Encuentro, Saín pondera acciones valiosas del ciclo kirchnerista. Entre ellas haber diseñado un plan estratégico de seguridad en 2004 con perfiles revisionistas aunque luego descartado; haber mantenido una estrategia de tolerancia y persuación a las organizaciones sociales movilizadas y la creación de una fuerza de seguridad con mando civil como fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la cual él condujo designado por el propio Kirchner. Sin embargo este último cambio no sólo no sirvió de base para una reforma doctrinaria y operativa de las demás fuerzas federales, piensa Saín, sino que todo lo que había de novedoso en el diseño de la PSA se abandonó.
Es especialmente cuestionador de la falta de una política integral contra el narcotráfico, de la ausencia de indicadores estadísticos fiables del delito que permita el trabajo en base a diagnósticos e información idónea y de lo que define como desgobierno político que dio forma a un autogobierno policial. "Se perpetuó una modalidad de gestión exclusivamente asentada en el «saber empírico policial»", objeta. También señala que uno de los rasgos marcados de gestión, la que lideró Nilda Garré, fueron las estrategias operacionales focalizadas en la ciudad de Buenos Aires, revelando una "escasa perspectiva federal" en la política impulsada por la ex ministra.
La reflexión está incluida en un extenso artículo titulado "Un paso adelante, dos pasos atrás: el kirchnerismo ante la cuestión policial (2003-2012), que el académico publica en el número 34 de la revista Delito y Sociedad, una revista especializada sobre cuestiones de seguridad pública y criminología editada por la UNL. Si resulta novedosa es porque Saín, que procede de la tradición más progresista del peronismo y ha sido, en su faz de criminólogo y dirigente político, una figura afín a no pocas iniciativas del kirchnerismo, a las cuales a menudo reivindica.
Contradicciones. Saín destaca una dualidad en las acciones de seguridad del kirchnerismo que muestran la inviabilidad política de no encarar modificaciones de fondo. Se centra en dos hechos: el crimen de Mariano Ferreyra y la muerte de dos vecinos en la toma del Parque Indoamericano de Villa Soldati. En ambos casos —en el primero liberando la zona y en el otro con una feroz represión— intervino la Policía Federal. Si bien en ambos casos el gobierno reaccionó con la convicción de la necesidad de abandonar "la impronta delegativa" (en uno impulsando activamente el juicio a los responsables y en otro con la creación del Ministerio de Seguridad) nunca se insinuó en los hechos la reforma de la policía implicada en ambos episodios.
Hacia el final de su artículo, Saín resume en un párrafo las debilidades que encuentra en la década que examina. Así menciona:
- "El declamacionismo exorbitante y meramente simbólico en favor de la conducción política de la seguridad y las policías"
- "La aprobación de resoluciones con poca incidencia o gravitación sobre las modalidades de desarrollo institucional de las policías y, particularmente, sobre sus prácticas históricas"
- "La habilitación soterrada de la intervención de personal de inteligencia militar en labores de seguridad interior."
- "El desarrollo de operativos policiales asentados en el mero control territorial y poblacional en barriadas pobres."
- "La existencia de una estructura de gestión ministerial débil y atravesada por conflictos internos muy profundos."
- "La ausencia de estrategias de reformas institucionales de las policías y fuerzas de seguridad federales."
- "La falta de un sistema integral de gestión de la información criminal".
- "El debilitamiento del único dispositivo de control externo de la única policía federal creada en democracia y durante la primera gestión presidencial kirchnerista."
Este panorama, sostiene el criminólogo, da cuenta "de una gestión signada por una suerte de revisionismo cosmético que la equipara con la administración conservadora anterior", en referencia a la liderada por Eduardo Duhalde.
Más allá de eso su conclusión no busca ser demoledora. Señala que el kircherismo tiene "en su sello genético" un impulso reformista. "Nada impide que, en los próximos tiempos, ese impulso se materialice en el abordaje de la cuestión policial".
De Béliz a Garré, 10 años analizados en tres etapas
En el análisis del ciclo kirchnerista (el artículo es previo a la designación de Arturo Puricelli en Seguridad) Saín distingue tres fases. Rescata una primera etapa, entre mayo de 2003 y julio de 2004, entre la asunción de Néstor Kirchner y la renuncia de su primer ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, “signada por un discurso y un conjunto de acciones institucionales de un impulso revisionista”.
La segunda etapa va desde la delegación de la gestión de la seguridad pública al Ministerio del Interior, bajo el mandato de Kirchner, hasta la creación del Ministerio de Seguridad en la primera gestión de Cristina Fernández. Esta fase “supuso un significativo giro conservador en cuyo marco se abandonó la impronta de cambio de la etapa anterior y se impuso rápidamente el predominio de las tendencias tradicionales signadas por la delegación de la gestión de la seguridad pública en las cúpulas policiales”.
La tercera etapa abarca la gestión de Nilda Garré, que combinó “un discurso marcadamente reformista y reivindicatorio de la conducción política del sistema policial y la persistencia de una modalidad de gestión relativamente delegativa a favor de las policías y proclive a no iniciar reformas institucionales de fondo”.
