Organismos defensores de los derechos del consumidor criticaron los aumentos propuestos por la provincia para los servicios de agua (48 por ciento desdoblado en 2016) y energía (26,9 por ciento desde diciembre). "Los montos son totalmente exagerados", se quejó Juan Marcos Aviano, titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac). "Son ajustes que desestabilizan la economía familiar, absolutamente excesivos", lanzó Alberto Muñoz, jefe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario.
Muñoz, ex presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), advirtió que el incremento solicitado por Aguas "supera cualquier pauta inflacionaria, por encima de cualquier medición".
"Además —continuó— estamos hablando de una empresa que ha aumentado sus tarifas sistemáticamente, no está tan atrasada como dice. Entre el año 2009 y la fecha subió entre un 346 y 876 por ciento sus tarifas de acuerdo a la categoría. Al grueso de los santafesinos le aumentaron la boleta un 614 por ciento en estos seis años, una barbaridad".
El jefe de la Oficina del Consumidor local también objetó que la futura administración de Miguel Lifschitz pretenda "eliminar el Enress como ha intentado el gobierno de Bonfatti ya que supone dejar a los usuarios sin un organismo que los represente, que exija información por ellos, rendición de cuentas, obras e inversión".
Respecto a la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Muñoz remarcó que "se trata de una compañía muy cerrada que no permite a los organismos defensores de los consumidores acceder a sus datos y a las obras en ejecución para opinar con mayor fundamento. Igual parece elevado el anuncio".
No menos crítico fue Aviano. "Las cifras de incremento que se difundieron son totalmente exageradas, por encima de la inflación real y de la capacidad de bolsillo de los santafesinos", disparó.
"Igual —siguió— notamos que se vuelve a poner el caballo delante del carro, que se habla de tarifas sin que en estos ocho años de gobierno socialista se conozca con precisión el plan de inversiones y el nivel de ejecución de las tareas".
Aviano también mencionó que hay atraso en "sancionar nuevos marcos regulatorios para ambas empresas, para ajustarlas a la realidad. En el caso de la EPE la ley que la regula es de 1980 y la de Aguas de los 90, de la época de las privatizaciones".
Para Aviano "la clave pasa por saber también si el ajuste propuesto en la tarifas es para financiar un déficit operacional crónico o para avanzar con el plan de obras, que viene atrasado en ambas empresas".
