Seguramente el ritmo acelerado de los cambios climáticos van derivando en fenómenos extremos como los padecidos en estos días en Capital Federal y La Plata y su recurrencia altera drásticamente los promedios históricos. Las ciudades deben atender los nuevos requerimientos de infraestructura, tanto para las emergencias derivadas como la permanente adecuación, ampliación y mantenimiento de sus desagües pluviales y de los espacios verdes disponibles que atemperan estas contingencias. Al mismo tiempo, van quedando desactualizados los índices que relacionan la sustentabilidad ambiental con los metros cuadrados de estos espacios que cada ciudad debe preservar. Más dramática se torna la cuestión hacia el futuro. La cesión de decenas de miles de metros cuadrados de los terrenos del ex Batallón 121 para un emprendimiento inmobiliario privado es una decisión política reñida totalmente con las necesidades de la ciudad. No es un plan de viviendas sociales, no es un requerimiento barrial, es sólo un negocio que, analizado desde el punto de vista empresarial, también genera dudas y plantea interrogantes. Las inversiones privadas siempre responden a la premisa de maximizar beneficios y evitar los riesgos. Se trata de un proyecto de 1.200 viviendas. Una concentración numérica con pocos antecedentes en Rosario, pero además en los umbrales de su periferia con una larga lista de carencias e identificada como una de las zonas rojas por la inseguridad y el narcotráfico. Está orientado a un segmento social que emigra de la zona sur y con una oferta en inmuebles precisamente para ese segmento que supera holgadamente la demanda, lo cual no parece encuadrar en ninguna lógica. El poder político está subordinando la preservación de este valiosísimo e irrepetible espacio social y reserva ambiental a intereses empresarios. Los ciudadanos debemos exigir un profundo y claro debate sobre el tema antes de lamentar sus penosas consecuencias.
