¿El juez federal Carlos Vera Barros debe seguir a cargo de la investigación por narcotráfico contra Carlos Andrés Ascaíni y el ex jefe de la policía de la provincia Hugo Tognoli? De eso se trató la audiencia oral y pública desarrollada ayer en la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y que tuvo como principales oradores a los defensores de Ascaíni y del comisario Néstor Beto Fernández, ambos procesados como integrantes de una “empresa criminal conjunta” dedicada a la venta de drogas de la que también participaban, según la Justicia, Tognoli y el cabo Carlos Quintana. Los abogados Paul Krupnik y José Nanni (por Ascaíni) y José Luis Vázquez (por Fernández) recusaron al magistrado federal entendiendo que violó la garantía de imparcialidad.
Una hora después de la convocatoria los camaristas Elida Isabel Vidal (presidenta) y Edgardo Adrián Bello (vocal) abrieron el juego en la sala de audiencia que la Cámara Penal Federal tiene en el 2º piso del edificio de Entre Ríos al 400. El camarista José Guillermo Toledo, integrante de la Sala se excuso aduciendo amistad con uno de los defensores de los procesados.
Cada una de las partes se mostró sólida en sus críticas a Vera Barros y fundamentaron sus posiciones sin salirse del contexto de los reclamos que tanto la defensa de Ascaíni como de Fernández ya hicieron públicos. “Se les va informar la resolución por Secretaría”, dijo la presidenta del Tribunal al cerrar el acto que no tuvo veredicto. “Los camaristas se tomarán los cinco días hábiles legales para resolver porque hay otras instancias del caso Tognoli que deben sustanciarse la semana próxima”, dijo un vocero. Y refirió que el lunes la Cámara debe resolver el reclamo de excarcelación presentado por la defensa de Tognoli y un pedido de nulidad presentado por la defensa de Ascaíni, además, de las apelaciones a los procesamientos de esos dos procesados y la recusación que hizo la defensa del ex jefe policial de los tres fiscales que actuaron en el caso: la subrogante Liliana Bettiolo, Juan Patricio Murray y Federico Guillermo Reynares Solari.
Causa mediática. Al plantear los precedentes sobre los que basaban su recusación, los abogados Krupnik y Nanni citaron la causa “Dieser/Fraticelli” y el fallo absolutorio que puso en ridículo a todo el sistema penal santafesino por prejuzgamiento. En ese sentido, Krupnik indicó que “el caso Tognoli” se inició con la “causa Miguens” de 2009, algo que todos conocen con someros rasgos porque la investigación no se anexó al expediente.
“El 25 de septiembre de 2012 la fiscal Bettiolo pidió la detención del comisario Hugo Tognoli ante el juzgado Federal 3 y el juez Bailaque (que cubría la licencia de Vera Barros) se lo negó porque la fiscal no demostraba acabadamente el objeto de la investigación”, dijo el abogado de Ascaíni. “Pero el 19 de octubre de 2012 salió una nota en Página/12 en la que se desnudó casi la totalidad de la causa, que entendemos era reservada y de contenido secreto y ese mismo día Vera Barros ordenó detener a Tognoli. ¿Qué pasó en el medio? Nada”, dijo punzante. Y se preguntó: “¿Es confiable un juez que manda a detener a un jefe de policía de provincia, sabiendo sus implicancias políticas, a partir de una nota periodística sobre un expediente que no se movió en tres años?¿Es confiable un juez que estaba a cargo de una causa que se filtró a la prensa?”.
Krupnik también criticó la manera en la que se detuvo al comisario Néstor Beto Fernández, quien fue jefe de Drogas en el departamento General López y se había presentado espontáneamente en el Tribunal federal 48 horas antes de caer preso en la seccional 2ª que comandaba y en un procedimiento de la PSA “al mejor estilo de la película Swat”, dijo Krupnik. “Cuando planteamos de por qué se había hecho así, nos respondieron que no eramos los defensores de Fernández”, explicó.
También hizo foco en la politización de la causa. “No fue esta defensa la que politizó el caso. Andrés Cuervo Larroque y Agustín Rossi hablaron en el Congreso de que esta era una narcoprovincia y el gobernador Antonio Bonfatti y Hermes Binner dijeron que temían la intervención a Santa Fe”, agregó antes de mencionar la militancia política de Adolfo Villatte ante una Sala de Cámara en la cual su hermana es la secretaria actuante.
Crisis de verdad. A su turno, el abogado José Luis Vázquez expuso escasos diez minutos. “Vera Barros no puede seguir al frente de esta causa porque pone de manifiesto la verdadera crisis que atraviesa la Justicia Federal en Rosario”, dijo. Y arremetió: “Estuvo sentado tres años sobre un expediente para facilitar el accionar de los narcos de la región”, jugando con las palabras para invertir el sentido de la acusación. Y agregó que “Pagina/12 fue el órgano oficial de difusión” del juez mientras su actuación fue “fatalmente escandalosa”.
Calificó de “facista” la acusación de “empresa criminal conjunta” que incluye a su cliente y argumentó que cuando el comisario Néstor Fernández y el cabo Carlos Quintana “todavía no habían sido indagados ya se sabía que iban a quedar detenidos por participar de una empresa criminal conjunta porque el juez lo había adelantado”. Tras calificar de “payasada” a la detención de su cliente, indicó que se realizó “sin ninguna orden judicial con efectivos de la PSA vestidos como para ir a la guerra de Irak. Los sacaron esposado frente a la prensa. ¿Cuál era el sentido de un acto tan grosero?”, indicó. Mientras la audiencia se desarrollaba un funcionario de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Nación (UIF) aguardaba para solicitar información sobre la causa.
Un secretario con activa militancia política
Entre las argumentaciones escuchadas en la audiencia oral y pública de recusación al juez federal Carlos Vera Barros sobresalió la mención acerca de la militancia política del secretario del Juzgado Federal 3: Adolfo Villatte. El abogado Paul Krupnik, defensor de Carlos Ascaíni, fue quien expuso su caso a la consideración pública. “No creemos que esté en juego la honorabilidad del doctor Villatte, pero cómo le explicamos al señor Ascaíni que la mano derecha del juez Vera Barros, como es un secretario en un juzgado de Instrucción, forma parte de un espacio político que grita a los cuatro vientos que Hugo Tognoli, su consorte procesal, es un delincuente y debe estar preso. Y es un movimiento que ejerce presión para que ambos sigan presos”, explicó el abogado. Tras ello aclaró: “No estamos en contra de la activa militancia del doctor Villatte y defendemos la libertad de expresión en un estado democrático. Nos parece valioso que, a partir de la reforma del reglamento de la Justicia Nacional, los funcionarios puedan tener activa militancia. El tema es cómo se lo explicamos eso al justiciable”, en relación a Carlos Ascaíni. Y luego expusieron varias pruebas de la militancia “que circulan en Internet y son de fácil hallazgo”.
