El acusado comenzó a ser juzgado esta semana en Rosario por una seguidilla de hechos ocurridos en apenas cuatro días, en un contexto de violencia de género y reiterado incumplimiento de restricciones judiciales.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
El juicio por reiterados incidentes de violencia de género comenzó el lunes en el Centro de Justicia Penal.
Un hombre comenzó a ser juzgado esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario por violentar cuatro veces en un lapso de cuatro días las órdenes judiciales que le prohibían acercarse a su expareja, a quien además amenazó y en otra ocasión le sustrajo una moto y su celular. Por esos delitos y por intervenir en un incidente de amenazas con un arma a otras personas la fiscalía solicitó que sea condenado a 10 años de prisión, pena a unificarse con una anterior en 13 años.
El debate oral ante el juez Lisandro Artacho comenzó este lunes, el mismo día en que un hombre de 38 años, Cristian P., era imputado de tentativa de femicidio por un hecho similar ocurrido la semana pasada en barrio Itatí, cuando violentó una restricción de acercamiento y saltó un muro para ingresar de manera sorpresiva al domicilio de su ex en Centeno al 2500. Sorprendió a la mujer en su dormitorio con dos cuchillos y le provocó un corte en el cuello —que no resultó grave por la reacción de la víctima— delante del hijo menor de edad de la pareja.
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En el caso en debate el acusado es Cristian Agustín Martínez, imputado por los delitos de hurto simple, amenazas, resistencia a la autoridad y desobediencias reiteradas a restricciones de acercamiento, entre otros, en un contexto de violencia de género. La fiscal Antonela Valente solicitó la pena de 10 años de prisión efectiva a unificarse en 13 años con una anterior del 21 de abril de 2023 que también fue por un delito contra las personas cometido con un arma de fuego.
La desobediencia a restricciones judiciales es frecuente en casos de violencia de género, problemática que dejó tres víctimas fatales en las últimas cuatro semanas en la provincia de Santa Fe. El 31 de marzo se encontró sin vida en una casa precaria de Rufino a Guadalupe Montoya , de 17 años, y si bien el caso se investigó inicialmente como un suicidio, luego fue imputado por femicidio un novio de la adolescente, de la misma edad.
Luego se sucedieron dos casos de femicidios seguidos de suicidios de los agresores. El de la reconocida científica del Conicet Silvina Drago, atacada a tiros el 2 de abril en su casa del barrio Candioti de la capital provincial por su pareja, quien se quitó la vida. Y el de Sophia Civarelli, una estudiante de psicología de 22 años a la que encontraron con corte en el cuello el 16 de abril en un departamento de Rosario.
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En su caso también se sospechó inicialmente de un suicidio, pero luego se encuadró como un femicidio cometido por el novio de la chica, de la misma edad, que unas quince horas más tarde se arrojó al vacío desde un octavo piso. Otro ataque femicida que no llegó a consumarse se registró el sábado en Murphy, cuando un hombre intentó asesinar con una escopeta a su expareja, que resultó herida en una mano, y luego se quitó la vida.
La secuencia en juicio se remonta a más de dos años atrás, al mes de octubre de 2023, cuando el acusado protagonizó numerosos incidentes en sólo seis días. El primero fue el 2 de octubre a las 14 cuando su expareja se acercó al domicilio de su madre en Machaín al 1400, barrio Parque Casas de Rosario, y en un descuido el acusado se apoderó de un celular Samsung A50 y de una moto Gilera de 125 centímetros cúbicos de la mujer. Se fue en la moto hasta una plaza y dos horas y media más tarde fue detenido cerca de allí por policías del Comando Radioeléctrico, en Ramos Mejía al 1400.
Tres días después, a las 22.30, fue acusado de amenazar a su ex pareja en su domicilio del barrio Olímpico, a pesar de que pesaba una restricción de acercamiento a la víctima dispuesto por el Tribunal Colegiado de Familia N° 3 de Rosario desde el 1° de septiembre de año anterior. Se le atribuyó además haber resistido el accionar de personal policial que concurrió ante el pedido de auxilio de la víctima con un forcejeo que causó lesiones a dos suboficiales.
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Pasaron otros tres días hasta que, el 8 de octubre, se presentó de la madrugada en el domicilio de su expareja, al que intentó ingresar ejerciendo palanca sobre la puerta principal, pero no lo logró porque la mujer colocó un mueble al otro lado. Se violentó en este caso otra prohibición de acercamiento dictada por el Tribunal Colegiado de Familia Nº 7 en mayo de 2022. Conducta que se reiteró luego que acudiera la policía al lugar, cuando los efectivos se retiraron y comenzó a arrojar a piedras a la vivienda entre amenazas de muerte.
El mismo día logró entrar a la casa cuando la víctima había salido. Al regresar a la casa, a las 14, la mujer lo encontró allí y llamó al 911. El agresor logró salir por un ventanal que estaba abierto antes de la llegada de la policía.
A todos esos hechos que se consideraron cometidos en un contexto de violencia de género se sumó un incidente del 11 de octubre de ese año. A las 16, el hermano del acusado mantuvo una discusión con otra persona en Uriarte y Machain. Según la fiscalía, el acusado se presentó ante las víctimas mientras las apuntaba con un arma de fuego y las amenazó de muerte. Por esto fue acusado además de portar sin autorización legal una pistola Bersa calibre 22 largo la cual que contenía en su interior ocho cartuchos del mismo calibre.
En el juicio en curso Martínez afronta los delitos de hurto simple, amenazas simples, desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones leves, desobediencia a órdenes judiciales y violación de domicilio, todo ello en un contexto de violencia de género, además de amenazas calificadas y portación de arma.
Por Aníbal Fucaraccio
