En Rosario gran cantidad de edificios que aún no tienen final de obra ya están habitados, con todos los riesgos que eso implica. La situación es ostensible en al menos dos de los complejos de Puerto Norte, Forum y Ciudad Ribera, justamente el lugar donde el viernes pasado se produjo la explosión de gas que le costó la vida a Mariel Cataldo. La directora de Obras Particulares del municipio, María Cristina Funes, adelantó que la empresa será sancionada y exhortó a la población a no mudarse "hasta tener el certificado de final de obra con todas las inspecciones correspondientes". Sin embargo, eso es moneda corriente en buena parte de los edificios construidos, "que muchas veces pasan hasta tres o cuatro años con gente adentro y sin la certificación", afirmó ayer la concejala del PPS María Fernanda Gigliani.
Qué causó la deflagración en el departamento 9º B de la torre Palco Paraná de Ciudad Ribera (Luis Cándido Carballo 158) que provocó la muerte de la joven, de 21 años, y heridas a su pareja, de 35, aún es materia de investigación.
De hecho, la jueza de Instrucción de la 6ª Nominación, Raquel Cosgaya, confirmó que los resultados de las pericias a cargo de Bomberos Zapadores estarán listos recién entre hoy y mañana, ya que "se pidieron ampliaciones".
Según esos avances, luego la magistrada resolverá si mantiene la competencia o el expediente pasa a la Justicia Correccional, dependiendo de si hubo o no intencionalidad en el inicio del fuego.
Pero ya sea que el incendio se haya desatado por una pérdida de gas o por una conexión defectuosa, lo cierto es que al no tener final de obra el departamento no contaba aún con los avales técnicos que permitirían su habitabilidad.
De hecho, la titular de Obras Particulares deslindó responsabilidades del municipio y las atribuyó "en forma compartida" a la firma desarrolladora, los profesionales responsables y los propietarios de los inmuebles.
La funcionaria dijo "no tener conocimiento" de cuántos edificios en Rosario se encuentran habitados sin contar todavía con el final de obra ("para nosotros, sencillamente siguen en construcción", afirmó), aunque negó que se trate de una práctica "tan extendida ni tan habitual".
De hecho, censuró esa situación. "No debe ocurrir: el ciudadano tiene que saber que lo primero a solicitar es el certificado de final de obra porque es lo único que le garantiza contar con todas las inspecciones técnicas correspondientes que hacen a la seguridad", dijo.
Y, respecto de la empresa que lleva adelante Ciudad Ribera, adelantó que será sancionada por dos faltas sobre las que ya se labraron actas: por "omisión de solicitud de inspección de obra" y por "realizar obras o tareas prohibidas por razones de seguridad".
Pero la opinión de Funes sobre que es inusual que se habiten edificios sin final de obra choca contra lo que muestra la experiencia.
De hecho, la funcionaria admitió que, excepto Las Dolfinas, ningún emprendimiento en Puerto Norte "tiene todavía final de obra".
Sin embargo, no sólo Ciudad Ribera posee muchos de sus departamentos ocupados sino también su vecina Forum. Lo admiten las propias empresas y basta ver, en cualquier foto de los complejos, los balcones de las unidades habitadas con cortinas, plantas y juegos de jardín.
Con esa convicción, el PPS está impulsando en el Concejo que se apruebe el "certificado de primera ocupación", un trámite previo al final de obra que permitiría por un lado regularizar la situación tributaria (de la tasa general de inmuebles, TGI) de departamentos recién construidos y, por otro, garantizar las condiciones de habitabilidad.
Si se aprueba, "las empresas de servicios (luz, agua, gas natural) no podrán brindar la prestación sin que el propietario entregue el certificado que dé fecha cierta a la ocupación de la unidad", explicó Gigliani, convencida de que "un gran porcentaje" de edificios, y sobre todo de los construidos a partir de fideicomisos, "pasan mucho tiempo, a veces hasta tres o cuatro años, sin final de obra pero con gente viviendo adentro".
El expediente lleva un año y medio sin ser tratado en la comisión de Presupuesto del cuerpo, hasta ahora sin apoyo oficialista.
También el radical Jorge Boasso presentó un pedido al Ejecutivo para que remita información detallada sobre la torre siniestrada. Lo propio hicieron los ediles del Frente para la Victoria.
"Quien detenta el poder de policía en las construcciones es el municipio y debe ejercerlo en todo el proceso constructivo, e incluye por supuesto las inspecciones en el lugar, in situ", afirmó Boasso.
Descartan un femicidio
La diputada provincial Alicia Gutiérrez se permitió dudar sobre si la muerte de Mariel Cataldo pudo obedecer a un accidente o a la violencia de género. Pese a “no tener ninguna prueba”, pidió a la Justicia que investigue un posible “femicidio”. Pero, tras hablar con la jueza Raquel Cosgaya, dijo a La Capital que la magistrada le había sugerido que la diferencia de lesiones podría explicarse por la distancia de la joven y su pareja respecto del sitio donde se generó la explosión.
