Me interesa invitar a profundizar en un tema tan delicado y complejo como es el temor de los docentes e integrantes de Equipos de Orientación Escolar a realizar denuncias cuando, con lamentable frecuencia, la escuela es testigo de la violencia por abandono, maltrato y/o abuso que padecen muchos de sus escolares, en no pocos casos de parte de sus propias familias.
Terrible situación se vive cuando “de eso no se habla”, especialmente —de acuerdo con mi trayectoria profesional— en las escuelas privadas incluso religiosas, que prestan servicio a sectores de medios y altos recursos, olvidándose que la escuela es, independientemente que sea de gestión estatal o privada, “garante de los derechos de las infancias”. Y, en el mismo sentido, muchas veces también es la única que podría ofrecerles a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de “ser escuchados” para que puedan recibir la ayuda que se merecen, a través de organismos especializados; y de esa manera contribuir a la plena aplicación de la legislación vigente en nuestro país, tanto en materia de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ley nacional 26.061), como desde el campo de la Salud Mental (ley nacional 26.657).
También en públicas. Cierto es también, aunque en menor escala, que esta lamentable circunstancia ocurre además en escuelas de gestión pública, también de acuerdo a lo que vengo recogiendo de mi experiencia en capacitación de docentes y de la supervisión de equipos técnicos en distintas localidades de nuestro país.
En efecto, al cruzar datos de Juzgados de Familia, de Menores o de Paz, de casos de niños y niñas que son objeto de violencia familiar en cualquiera de sus formas, y que llegan a ser judicializados porque lamentablemente ya “corrió sangre”, puede observarse que no son pocos los casos, por no decir “la mayoría de las veces”, que las escuelas a las que asistían no habían hecho las denuncias correspondientes, argumentando no haber advertido señales previas.
“Contragolpe”. Al respecto, y entre la complejidad de factores que parecen estar interviniendo en esta suerte de tendencia de parte de las escuelas a la “negación” del problema de la niñez vulnerada por sus propias familias, aparece de manera particular una variable que interesa visibilizar, a la que se viene haciendo referencia ya hace unos años con un término de origen inglés que la describe muy bien: el “Baklash, cuya traducción “contragolpe” refiere a las reacciones adversas de las que terminan siendo objeto los profesionales de la educación, lo social y la salud, que intentan develar este tipo de situaciones. Figuran desde “despidos”, “rumores de que se trata de «exageraciones» del docente o del psicólogo escolar, producto de un excesivo celo profesional”, “trabas burocráticas de todo tipo a la hora decidirse a hacer la denuncia”, “amenazas y descalificaciones de los padres a los que se les solicita consulta”, “falta de apoyo de los directivos”, etcétera. Este “contra movimiento”, surgido ante aquellos que luchan contra la violencia familiar sobre la niñez y adolescencia, aparece claramente ligado a un paradigma conservador que aún insiste en nuestra sociedad tornándola excesivamente “tolerante” ante este grave problema. Un problema que deja huellas imborrables en la subjetividad de las víctimas, en pleno proceso de constitución, que quedan marcadas por un profundo dolor psíquico asociado a sensaciones de impotencia y gran vulnerabilidad. El mismo refiere a una vieja concepción del niño como “objeto de tutelaje”, ligado a su vez a la idea acerca de que los mismos se consideran casi como una “propiedad privada” de sus familias, sobre la cual ni el Estado, ni sus instituciones deben entrometerse.
Visibilizar este tipo de circunstancias que ocurren hoy en las escuelas probablemente posibilite que hacia el interior de las mismas se generen espacios para revisar sus praxis, no sólo los docentes, sino fundamentalmente sus directivos y representantes legales, analizando y problematizando las concepciones sobre las que se apoyan, de modo de adecuarse a la normativa vigente que reclama anteponer ante cualquier otro tipo de razones el “Interés superior del niño”.
