“Amigo, necesitan un auto de los de Miami para hacer un laburo y lo descartan”. “Sí, tengo el Palio rojo”. A partir de mensajes como esos, cuatro rosarinos fueron acusados ayer de haber participado del crimen por error de Mauricio Cordara, chofer del dirigente del gremio de trabajadores rurales Pablo Ansaloni, asesinado hace casi dos meses en la ciudad bonaerense de Colón. Los imputados están vinculados al derrotero del auto utilizado por los sicarios, un Fiat Palio rojo que llegó hasta la escena del crimen desde Rosario y luego regresó a la ciudad.
El rodado fue vendido por un preso de Piñero que al parecer compra y vende vehículos desde su celda y que así gestionó su entrega a un hombre que le había pedido un auto para otras personas que tenían que “hacer un laburo”. Pero el Palio no fue descartado sino que de alguna manera apareció en manos del padre de Hernán “Lichy” Romero, un pesado de Nuevo Alberdi acusado de gerenciar una histórica banda polirrubro desde la cárcel.
Los imputados ayer a la mañana por la fiscal de Colón Magdalena Brandt son el preso de Piñero Angel Ochoa, sindicado como el vendedor del Palio; Jonatan Blas Sosa, quien guardaba el Fiat en una cochera de la zona oeste a la espera de órdenes de Ochoa, y Fernando Burgos, sospechado de haber comprado el auto para entregárselo a los asesinos. Ellos tres fueron acusados como partícipes primarios del crimen del chofer, sobre la base de que estaban al tanto de que entregaban el vehículo para hacer ese trabajo. El cuarto, Ramón Vallejos, fue imputado pero por encubrimiento agravado ya que no pudo explicar qué hacía manejando el auto que tres días antes habían usado para cometer un crimen.
El homicidio de Cordara es investigado por la Justicia bonaerense en colaboración con los fiscales y policías rosarinos que ubicaron el auto y establecieron una línea en la cual, además de los cuatro detenidos, también se identificaron a sospechosos de haberlo ejecutado.
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Según esa teoría el crimen fue orquestado desde una cárcel pero con la idea de asesinar a Ansaloni. En lo que no pudo avanzar la pata rosarina de la investigación es en establecer el móvil, lo cual respondería una pregunta clave: ¿fue ideado por alguna banda criminal o encargado por terceros a alguna de las organizaciones tumberas que ofrecen servicios de sicariato?
Ataque mortal
Mauricio Cordara tenía 45 años y trabajaba como chofer de Pablo Ansaloni, un ex diputado nacional massista actual dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y de la obra social Osprera. La tarde del viernes 18 de noviembre el conductor llegó en un Volkswagen Vento a la casa de su jefe en Colón junto con los hijos de éste. Se aprestaba a bajar algo del baúl cuando fue sorprendido por un hombre que sin mediar palabra lo acribilló a balazos calibre 380 en una escena registrada por una cámara de vigilancia de la casa de Ansaloni.
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Mauricio Cordara recibió al menos siete balazos y murió en el lugar.
Cordara cayó junto al VW Vento con nueve balazos mientras el asesino corría hacia una esquina donde lo esperaba un cómplice al volante de un Fiat Palio rojo. A partir de cámaras de vigilancia la Dirección de Investigaciones (DDI) de la policía bonaerense en Colón identificó la chapa patente y estableció el trayecto del auto luego de cometido el crimen por distintas rutas que lo depositaron en Rosario.
Con esa información la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía santafesina empezó a buscar el auto analizando cámaras que lo situaban merodeando, los días anteriores y posteriores, en la zona oeste de Rosario.
El auto rojo
Con información extra del Centro Integrado de Operaciones municipal, cuyas cámaras pueden leer patentes incluso adulteradas, el Palio rojo con el dominio que exhibía en la escena del crimen fue detectado entre el 17 y el 24 de noviembre en cruces como Casiano Casas y Sorrento, o Eva Perón y Provincias Unidas. Por eso se decidió intensificar la búsqueda en la franja del noroeste rosarino que surca los barrios Larrea, Empalme Graneros, Sarmiento, Parquefield y Alberdi disponiendo patrullajes en combinación con el monitoreo de patentes en tiempo real.
En medio de la búsqueda había surgido la información de que el Palio había sido guardado en una cochera de la zona oeste donde un tal “Negro Blas” movía vehículos según confirmaron los dueños del lugar. El Negro era Sosa, hasta entonces apuntado como miembro de una banda de ladrones de casas que al parecer también tenía negocios con vehículos robados.
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Con un sospechoso identificado la búsqueda siguió hasta que el 21 de noviembre el Palio fue localizado con tres ocupantes: una pareja y su nieto. Ahí surgió un dato inesperado: al volante estaba Vallejos, el padre de Lichy Romero.
El secuestro del Fiat permitió establecer que había sido robado en el conurbano bonaerense, al igual que la patente trucha que exhibía. Por sus vínculos con el auto Sosa y Vallejos fueron detenidos y acusados sobre fin del año pasado de encubrimiento por la Justicia santafesina.
Compraventa
Esas pistas condujeron a Piñero donde está detenido Ochoa, cuya celda fue allanada. El mismo explicó el motivo en un chat con un conocido: “Hace un tiempo vendí un auto que salió filmado en un homicidio en Colón, al auto lo agarran en la ruta 34 de Ybarlucea, a un hombre mayor, y llamaron a declarar al muchacho de la cochera donde yo guardaba los autos y les dijo que el auto yo lo tuve un tiempo y que era mío, pero el auto no figura a mi nombre ni hay boleto de compraventa, solo les dio mi nombre y apellido y que estaba acá en Piñero. Por eso vinieron a allanar, pero gracias a dios la declaración quedó flotando ya que no encontraron nada”, mensajeó Ochoa a un conocido.
Sin embargo las pistas no terminaban ahí. En mensajes con un tal “Fer trolo”, luego identificado como Burgos, surgió el pedido —el 15 de noviembre, tres días antes del crimen— de “un auto para hacer un laburo” y la oferta del Palio rojo, al parecer en una cifra en torno a los 600 mil pesos.
A partir de esa información los fiscales rosarinos se lanzaron a imputar a Ochoa y Burgos por la adquisición de un auto robado usado para cometer un crimen, lo cual configura como mínimo el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Esa imputación recibieron ayer al mediodía en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario.
Sin embargo, de los mensajes enviados entre los sospechosos surgió la presunción de que si bien el auto fue entregado a terceros, tanto Burgos como Ochoa y Sosa sabían para qué se iba a utilizar. “Lo re gatilló” y “Le dio al que no era” fueron mensajes que recibió Ochoa el 3 de diciembre en un chat en el que se mencionaba la ciudad de Colón. En ese contexto la Justicia bonaerense los consideró presuntos partícipes primarios del crimen de Cordara y por eso fueron imputados ayer a la mañana en Colón.
En ese sentido, se presume que el mensaje alusivo “al que no era” da a entender que los implicados sabían quién era el blanco del ataque, lo que corrobora la hipótesis de que Cordara fue asesinado por quienes en realidad habrían querido matar a Ansaloni, cuya rutina lo podría haber ubicado esa tarde de viernes en el lugar de su chofer.
En cuanto a “Monchi” Vallejos, por el momento no hay elementos que lo vinculen a la planificación del crimen pero sí para achacarle su encubrimiento. En este sentido, fuentes allegadas a la investigación indicaron que hasta el momento no hay pistas sobre la intervención en el hecho de la banda que lidera su hijo Lichy, aunque tampoco se puede descartar esa línea.
¿Quién hizo qué?
El asesinato de Cordara explotó en el seno del gremio donde aún se disputa la sucesión del histórico Gerónimo “Momo” Venegas, muerto en 2017. La investigación tiene en cuenta una interna gremial de Uatre/Osprera que debía dirimirse en una elección el pasado 21 de diciembre en la que Ansaloni disputaría la conducción del sindicato con José Voytenco, actual secretario general. Finalmente los comicios se realizaron y Voytenco se impuso por una diferencia exigua de ocho votos sobre un total de 584.
Dirimida la interna, la investigación del crimen de Cordara parece reforzar la hipótesis de que alguien intentó matar a Ansaloni. Parece claro para los investigadores quién lo hizo: un gatillero rosarino instigado por alguien desde una cárcel que se subió a un auto proporcionado por un vendedor rosarino también preso. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta sería la clave para saber si hubo alguien extramuros que haya requerido y pagado por ese macabro encargo.
Ejemplos sobre esa mecánica se vienen multiplicando en Rosario, donde las organizaciones criminales polirrubros gerenciadas tras las rejas ofrecen el sicariato como servicio. El tiempo dirá si la pesquisa logra trascender el perímetro penitenciario.
