La nueva Agencia Nacional de Inteligencia (AFI) realizará tareas de espionaje frente a “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. Así fue dispuesto en el decreto 1.311 que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, donde quedó aprobada la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional. Entre las problemáticas de la seguridad interior, se menciona el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, entre otras, que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, «golpes de mercado», etcétera”. Escapamos de la ley 25.873 llamada “ley espía”, donde todos íbamos a ser grabados por 10 años por cualquier medio, por las dudas. Esta ley se consideró inconstitucional. Ahora, podemos ser desestabilizadores o subversivos. Lo explica muy bien José Pablo Feinmann en “La sangre derramada” al referirse a la vaguedad deliberada del término subversivo empleado por los militares: “La subversión era todo cuanto atentara contra el “estilo de vida argentino” o contra el “ser nacional”. Y como “estilo de vida argentino” o “ser nacional” eran indefinibles y, por consiguiente, absolutos, “subversión” podía ser cualquier cosa. Una de las características del terrorismo de Estado es la atipificación del delito. Nadie sabe qué habrá de convertirlo en culpable. Nadie sabe los motivos de la culpa o la inocencia, ya que estos motivos no están tipificados. Y no lo están porque el Estado terrorista los reserva para su exclusivo arbitrio. Serán culpables los que el Estado decida que lo son y por las razones que el Estado decida”. Ninguna diferencia. Cualquiera podemos ser convertidos en culpables.
