El juicio por la muerte de Franco Casco, el joven bonaerense que tras visitar a familiares en Rosario apareció casi un mes después ahogado en el río, se acerca al desenlace tras casi un año y medio de extenso debate en los Tribunales Federales de Oroño al 900. En el tramo final, la semana pasada comenzaron a exponer sus alegatos de cierre los defensores de los 19 policías acusados de participar en distintos grados de la desaparición forzada del joven de 20 años. Las defensas pusieron el acento en pruebas que, a su entender, demuestran que el ingreso del muchacho a la seccional 7ª ocurrió un día después que lo planteado por la acusación. En las líneas comunes, cuestionaron el sesgo de la investigación y el armado de lo que llamaron “un relato” no sustentado en pruebas.
Con esos ejes expusieron los defensores de cuatro policías acusados en el juicio que comenzó en diciembre de 2021. Se prevé que otros defensores continúen con sus exposiciones esta semana.
De los acusados, 17 pertenecían a la comisaría 7ª y dos a Asuntos Internos (actual ACP). La fecha del ingreso de Franco a la seccional de Cafferata 342, las autopsias, las declaraciones de otros presos así como audios y videos fueron algunos de los planteos realizados por los abogados, luego de que alegaran la fiscalía y las querellas.
La última vez que un familiar de Franco lo vio con vida fue el 6 de octubre de 2014, en casa de una tía en Empalme Graneros. Había llegado a Rosario en septiembre en tren. Esa mañana le había avisado a su madre que intentaría tomar el tren a Retiro a medianoche para volver a su casa de Florencio Varela. Estuvo más de 20 días desaparecido hasta que su cuerpo apareció en el Paraná el 30 de octubre.
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La investigación arrojó que había estado detenido en la comisaría 7ª. Para las partes acusadoras, allí fue víctima de torturas y golpes que le ocasionaron la muerte y luego el cadáver fue fondeado en el río. Según esa hipótesis los policías no documentaron la detención y lo que aparece en los libros de guardia fue anotado tras la muerte. La versión policial sostiene que se fue caminando luego de ser liberado por un fiscal.
Ese día
Uno de los planteos expuestos la semana pasada fue el del abogado Renzo Biga, defensor de Cintia Greiner, una empleada de la seccional 7ª acusada como coautora de desaparición forzada seguida de muerte que afronta un pedido de prisión perpetua y está en prisión domiciliaria desde 2017 por ser madre de dos niños. “Hay relatos que al final son sólo eso: relatos”, dijo Biga.
Según planteó, su defendida ingresó como oficial de guardia a la seccional a las 8 de la mañana del 7 de octubre de 2014 y Casco llegó detenido al mediodía. Planteó así una fuerte controversia con la acusación, que situó la detención y muerte un día antes. “Toda la documentación del ingreso es del 7. Mi alegato fue dirigido a demostrarlo porque es innegable que Franco estuvo detenido en la seccional ese día”, planteó.
Biga remarcó además que el informe de autopsia, la reautopsia presenciada por peritos de parte y el informe del cuerpo forense de la Corte Suprema de la Nación “descartaron cualquier tipo de lesión. Todos coincidieron en que no había lesiones visibles ni externas ni internas. Se efectuaron estudios radiológicos que lo descartaron”.
“Ese era el contexto hacia julio de 2015, cuando se allanó la comisaría 7ª”, situó el abogado. Indicó que la perito de parte Virginia Creimer declaró en el juicio que “en ese momento hizo pruebas de ruidos y golpes porque los testimonios de detenidos coincidían en haber escuchado gritos” de Casco. “Pero no tenía cómo saberlo porque de los 33 presos que declararon, 32 lo hicieron dos meses y medio después”, observó. El preso restante, indicó, había declarado en julio que a la noche escuchó gritar a Casco y luego habló con él. “Pero en el juicio se contradijo. Afirmó que había llegado a la mañana y no pudo hablar con él. A partir de estos testimonios se empieza a construir la teoría acusatoria y en noviembre de 2014 pasa el caso a la Justicia Federal”, reconstruyó el defensor antes de ingresar en el punto fuerte de su planteo.
Según sus dichos, la acusación basa su teoría de que Franco entró a la seccional el 6 de octubre “sólo en base al testimonio de detenidas”. Biga planteó que Franco no abordó el tren a Buenos Aires porque según sus familiares se fue sin el celular, sin dinero y sin saber cómo llegar a la estación “porque no había salido los días que estuvo en Rosario”.
La llamada
Para probar su teoría de que el joven ingresó el 7 de octubre reprodujo el audio de un llamado al 911 que hizo Cintia Greiner a las 16.14 de ese día para consultar la dirección de Casco. Preguntó por la calle 12 número 3735 y la operadora contestó que esa calle no existía en Rosario. “La fiscalía dice que ella hizo este llamado para dejar falsas constancias porque la dirección de Florencio Varela que figura en el DNI de Casco es pasaje 12 al 1820. Lo que nadie advirtió es que ese pasaje corre entre las calles 37 y 35. La única persona que podría haber dado esa numeración era Casco, porque el número 3735 se corresponde con las calles entre las que se encuentra su domicilio”.
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Tras obtener una respuesta negativa de la operadora del 911 Greiner respondió: “Bueno, ahora le voy a preguntar bien”. Esto, para la defensa, revela que Casco estaba en ese momento con vida en la seccional. “Todo hace indicar que él no tenía el DNI. Por eso lo toman como Franco Godoy, el apellido materno. Es información que dio él y que no había otro modo de constatar”.
“Cuando constatan que era de Florencio Varela y ponen en conocimiento al fiscal que al domicilio de Rosario no lo sabía, se ordena que lo lleven a recorrer con el móvil. Está el recorrido registrado en el GPS. No ubica el domicilio de la tía e igualmente lo dejan en libertad”, siguió Biga, para agregar: “Si Casco hubiera sido torturado y su cuerpo ocultado la noche del 6, ¿qué sentido tendría que Greiner, al llegar a las 8 de la mañana a su trabajo, se prestara a dejar constancias falsas para hacerse cargo de una detención de la que no había participado?”.
Por último, remarcó que la pericia de las cámaras de vigilancia pública registraron entre la noche del 7 de octubre y la madrugada del 8 a un hombre caminando primero por una zona cercana a la seccional, en Francia y Caseros, luego en Alberdi y Sabín, pasando por Avellaneda y Sabín hasta llegar a los alrededores de la cancha de Central, en Avellaneda y Génova. Un informe que comparó las imágenes lo describió como una persona vestida con “una prenda de manga larga oscura, con vivos claros en líneas horizontales paralelas sobre el pecho, escote en V, calzado oscuro y pantalón claro que podría ser rasgado en la pierna derecha”.
Esta descripción, según el abogado, es idéntica a la foto de prontuario obtenida de Casco en la comisaría el día de la detención. Al compararlas las imágenes el perito dijo que era la misma ropa, el mismo rostro y hasta se reconocía un tatuaje en el lado derecho del cuello. “Para la fiscalía, la noche del 7 estaba muerto. Pero resulta que tenía la misma contextura y el mismo tatuaje que una persona idéntica que se vio desorientada una hora después de que le dieran la libertad a Casco”.
Precariedad
Otro abogado que expuso sus ideas de cierre fue Paul Krupnik, defensor del policía de Asuntos Internos Daniel Escobar, acusado de encubrimiento y con un pedido de 5 años de prisión. Le atribuyen no haber tomado recaudos de privacidad para obtener declaraciones de los presos en la seccional el 4 de noviembre de 2014. “Como si hubiese tenido otra opción”, dijo aludiendo al precario estado de la comisaría. Y señaló además que esa no era la tarea habitual de su defendido, quien se ocupaba de cuestiones operativas como de jefe de Logística. “Era el experto en papel higiénico de la división. La realidad es que los presos no le dijeron nada sobre golpes”.
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José Luis Giacometti, defensor del acusado como coautor de la desaparición y muerte Guillermo Gysel, habló de una “causa armada y orquestada” en la que “lamentablemente no se va a saber qué pasó con Franco Casco”. Dijo que no está claro hasta el momento cuál es el accionar que le atribuyen a su defendido y pidió que la acusación explique “cómo hicieron para sacar el cadáver y tirarlo al río” cuando no se hallaron rastros en los baúles de los autos.
Por último alegó Germán Mahieu, abogado del también acusado como coautor de la desaparición forzada César Acosta. Planteó que las pruebas no demostraron la teoría fiscal, que se vulneraron garantías y que el GPS del móvil policial registró una parada de cinco minutos el 7 de octubre en el lugar donde a partir del llamado de un vecino fue detenido Casco, en Catamarca al 3900. También habló de una causa “armada” en la cual “se direccionó la investigación contra los policías de la comisaría 7ª”.
