Tristeza. Eso es lo que siento tras leer el artículo del lunes 6 del corriente en que se informa que la planta docente de la Universidad Nacional de Rosario creció el 15 % en los últimos cinco años. Y no es precisamente por considerarlo algo negativo, sino porque en el mes de abril la misma UNR decidió no renovar mi designación como jefe de trabajos prácticos ad-honorem de la Facultad de Ciencias Médicas, que data del año 2003 en la cátedra de Medicina Legal y desde el 2008 en la de Farmacología y Toxicología. Estoy en un todo de acuerdo con que se trata de una práctica que precariza la labor docente, como afirma el informe que cita la nota, pero también considero que la decisión de “desprenderse” de quienes llevan años en tal situación en vez de completar el programa de renta progresiva al que la misma universidad se comprometiera equivale a “resolver” el problema de una escuela u hospital en malas condiciones mediante la clausura de la institución. Hasta donde sé, casi doscientos docentes se encuentran en una situación similar a la mía, habiéndosele ofrecido a los titulares de cátedra la opción de prescindir de sus servicios o rebautizarlos como “colaboradores docentes”, que no solo es otro eufemismo para el trabajo ad honorem sino que implica una desjerarquización de la tarea docente que podría dar lugar a reclamos en caso de que dichos colaboradores tomen examen, califiquen o realicen cualquier otra práctica intrínsecamente propia de la docencia. Por eso me parece que el artículo, si bien auspicioso, omite contar algo que ocurre en una institución en la que de una u otra forma he estado vinculado desde los doce años, cuando asistía a los cursillos para el ingreso al Superior de Comercio, y en la que una persona que lleva diez años esperando ser designada puede ser echada a un lado de un plumazo.