Los cuatro empresarios detenidos durante el fin de semana pasado serían sometidos a audiencia imputativa mañana.
La agroexportadora Vicentin se encuentra en default desde 2019 y está en concurso preventivo de acreedores.
La causa judicial que tiene a cuatro ex directivos de la empresa Vicentin presos por presuntas maniobras fraudulentas tendrá mañana un episodio, cuando se lleve adelante la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Jorge Ilharrescondo, abogado defensor de los empresarios, advirtió sobre irregularidades judiciales y no descartó recurrir a instancias internacionales.
“Hemos pedido a Fiscalía el acceso a las imputaciones. Según versiones publicadas en portales periodísticos, se hacen referencias a hechos puntuales. El fiscal Sebastián Narvaja nos informó que hoy comunicará las imputaciones. Estamos esperando que eso acontezca en el día de hoy. Nos hemos quejado fuertemente por esa circunstancia, porque si es como se da cuenta, que hay una complejidad imputativa y en base a eso se está pidiendo una prisión preventiva, como se nos adelantó en forma verbal, tenemos que contar con los medios adecuados para preparar la defensa, y eso no aconteció. Haremos las protestas correspondientes”, señaló Ilharrescondo.
El abogado hizo hincapié en las demoras en recibir la imputación concreta contra sus clientes. “Si mis clientes le atribuyen un delito y en base a eso se pide prisión preventiva, lo menos que corresponde un estado de derecho es que nos den los tiempos para adoptar los medios adecuados para ejercer la defensa y replicar los delitos que se atribuyen. Y eso no ha acontecido. Y eso será motivo de críticas muy fuertes".
"Tenemos derecho a saber la imputación clara y concreta. Además debemos tener los tiempos para replicarla, porque está en juego la libertad ambulatoria de nuestros asistidos. Si entendemos que el sistema jurisdiccional de Santa Fe, que hasta ahora vino respetando los derechos, violenta esos derechos haremos las protestas pertinentes. No me voy a amedrentar para presentar los recursos e instancias internacionales que se puedan dar si veo que los derechos de mis asistidos se ven cercenados”.
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En declaraciones a LT8, Ilharrescondo destacó que hasta el momento no poseía referencias concretas sobre los delitos que les imputarán a los cuatro ex directivos de Vicentin. “La empresa está en concurso preventivo de acreedores. Si bien me estoy metiendo en un campo que no es el derecho penal, pero algo entiendo. Existe un monitoreo continuo por parte del juez del concurso, una administración controlada, hubo veedores, comités de acreedores, hay una sindicatura concursal y un comité interno dentro de la compañía”, destacó.
Y agregó: “Es muy difícil que uno pueda tener conductas que afecten el erario de Vicentin, que está bajo un monitoreo jurídico y económico tan intenso. Después, puede haber malas o buenas decisiones empresariales, lo cual no es criminalizable. Eso lo digo en abstracto porque no conocemos los delitos o los indicios en contra de mis clientes”.
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La última novedad importante que surgió en el marco de la causa de la empresa Vicentin se produjo el sábado pasado. Ese día, dos exdirectivos de Vicentin quedaron detenidos tras presentarse en la sede rosarina de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Omar Scarel y Alberto Macua tenían orden de captura por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De esta manera, ya son cuatro los altos directivos que estaban al frente de la cerealera cuando entró en default en 2019 que fueron detenidos por orden de los fiscales que llevan adelante la causa por estafa.
Este viernes anterior, la policía ya había detenido a Daniel Buyatti y a Roberto Gazze, considerados por los fiscales que llevan adelante la acusación, como jefes de una asociación ilícita junto a a Macua y Scarel. Las cuatro detenciones se ordenaron en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires.
Según se informó en ese momento, sobre los detenidos ya pesa un pedido de prisión por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de la acusación que presentaron a fines de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la compañía en la Justicia penal de Rosario, por el cargo de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.
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