Datos judiciales revelan que representan solo el 0,09% de las causas penales. El principal problema sigue siendo la falta de denuncias por violencia de género
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
En medio del debate, un informe elaborado por el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales puso números a una discusión que en los últimos meses ganó espacio en redes sociales, discursos políticos y medios de comunicación. Las supuestas falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de causas penales analizadas en Argentina.
El dato surge de un relevamiento federal realizado sobre más de 8,2 millones de expedientes judiciales tramitados entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país. La conclusión del informe contradice la idea de una supuesta “ola” de denuncias falsas, especialmente en casos vinculados a violencia de género.
Mientras tanto, el Senado discute un proyecto impulsado por la santafesina Carolina Losada que propone endurecer las penas para quienes realicen denuncias falsas, con agravantes específicos en causas de violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a menores.
El documento del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales sostiene que el problema central no es la proliferación de falsas denuncias sino el subregistro de hechos reales de violencia.
Según los datos citados, el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% nunca realizó una denuncia formal.
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“El proyecto diagnostica el problema inverso al que muestran los datos”, advierte el informe, que además señala que aumentar las penas podría desalentar aún más las denuncias en contextos de violencia.
Otro dato relevante del relevamiento es que la mayoría de las investigaciones por falsas denuncias no está vinculada a violencia de género.
De las jurisdicciones que pudieron discriminar la información, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos patrimoniales, laborales, vecinales u otras disputas. Sólo el 8% se relaciona con violencia de género o intrafamiliar.
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El informe también marca problemas estructurales en los sistemas judiciales provinciales y nacionales, ya que muchas jurisdicciones ni siquiera cuentan con herramientas para clasificar adecuadamente el tipo de conflicto detrás de una denuncia falsa.
La iniciativa fue presentada en marzo de 2025 por la senadora nacional Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, junto a legisladores radicales y aliados. Actualmente, el artículo 245 del Código Penal establece penas de dos meses a un año de prisión o multas económicas para quien denuncie falsamente un delito.
El proyecto propone elevar esa escala a penas de uno a tres años y sumar un agravante específico: si la falsa denuncia involucra hechos de violencia de género, delitos sexuales o causas vinculadas a menores, la pena podría llegar hasta los seis años de prisión.
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La propuesta también modifica artículos vinculados al falso testimonio y al encubrimiento.
La discusión escaló incluso al plano internacional. En febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas recomendó al Estado argentino retirar el proyecto de reforma impulsado en el Senado.
La ONU advirtió que este tipo de modificaciones legislativas pueden transformarse en obstáculos para las víctimas y desalentar las denuncias por miedo a represalias penales.
Además, pidió garantizar que las reformas no “menoscaben la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género”.
El tema de las falsas denuncias se convirtió en uno de los ejes recurrentes dentro de la discusión pública sobre violencia de género, especialmente en redes sociales y sectores políticos críticos de las políticas de género impulsadas durante la última década.
Sin embargo, los fiscales remarcan que los datos judiciales disponibles no muestran una expansión significativa de este tipo de delitos y que el desafío sigue siendo otro: mejorar el acceso a la justicia y reducir la enorme cantidad de casos de violencia que nunca llegan a denunciarse.
La Línea 144 brinda atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para situaciones de violencia de género en todo el país.
En casos de emergencia, se recomienda llamar al 911 o acudir al centro de salud más cercano.
Las denuncias también pueden realizarse en oficinas judiciales especializadas, fiscalías y áreas de violencia de género según cada jurisdicción.
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