Un médico y dos directivos de una clínica de Pergamino fueron acusados de defraudar al Pami

El presidente, el director y un médico de una clínica privada de Pergamino fueron imputados de defraduación por facturar al Pami casi 200 órdenes de consultas y prácticas prescriptas a 28 afiliados que nunca recibieron esas prestaciones. Las maniobras cuestionadas se realizaron entre abril y diciembre de 2024 pero los investigadores no descartan que haya más casos.

Las imputaciones fueron formalizadas la semana pasada por el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello, que acusó al presidente y el director de la Clínica Centro SA de Pergamino como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. El mismo delito le achacó a un médico del centro de salud, pero en calidad de partícipe necesario.

En ese marco el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los imputados quienes, además, tienen prohibido salir del país por un plazo de 90 días.

El mail de una paciente

Según el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF) fiscales.gob.ar, el caso se inició en marzo de 2025 a partir de la presentación de una paciente que envió un correo electrónico para dar cuenta de que en su historial de la aplicación de Pami figuraban diversos estudios ordenados por su médico de cabecera que nunca se había realizado, y mucho menos en la Clínica Centro de Pergamino.

La mujer acompañó su denuncia de captura de pantalla de su perfil donde mostraba al menos seis órdenes médicas recetadas en septiembre de 2024. La investigación fue iniciada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de una fiscalía que investiga delitos cometidos en el ámbito del Pami.

Así, se requirieron informes al instituto para verificar los montos que se habían erogado para pagar esas prácticas que la afiliada desconocía. En ese marco se detectaron maniobras similares con otros afiliados a quienes se les habían recetado órdenes médicas electrónicas (Omes) de consulta y de prácticas que no se habían realizado.

Se analizaron Omes de 28 afiliados y se constató que más de la mitad habían sido emitidas por el médico imputado de la clínica pergaminense a 14 de esos pacientes. Para graficar las maniobras, según los voceros consultados, entre junio y agosto de 2024 este médico emitió 87 órdenes. Por ejemplo, se indicaban órdenes para electrocardiogramas, radiografías de tórax o de abdomen en base a un diagnóstico de “control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas”.

Al respecto, si bien hasta ahora hay elementos para probar la participación de este médico no se descarta que haya otros profesionales que puedan haber incurrido en maniobras como estas y en ese sentido la investigación sigue abierta.

En este contexto, el presidente y el director de la clínica de Pergamino fueron imputados de haber validado y facturado 191 Omes que no se realizaron en ese centro de salud entre abril y diciembre de 2024. Al médico acusado, responsable del área de internación de ese efector hasta noviembre de 2025, se le achacó haber emitido 110 Omes que no se efectuaron y fueron cobradas por la Clínica Centro.

Según la evidencia recabada en la pesquisa, esas maniobras implicaron un perjuicio para Pami de al menos 1.644.662,37 pesos. El fiscal Di Lello indicó que los directivos de la clínica se valieron de Omes emitidas por distintos médicos de Pergamino. A tal fin usaron datos de afiliados de Pami que no se atendían con ellos, que no sufrían patologías que ameritaran tales estudios y que jamás habían ido a esa clínica.

Auditoría

Los afiliados afectados fueron consultados por teléfono por los investigadores y a partir de esas entrevistas y otras tareas de investigación se constató que esas prácticas y consultas médicas cobradas en su totalidad jamás existieron. En ese sentido, se incorporó entre la evidencia un informe de auditoría de agosto de 2024 que indicaba que la clínica en cuestión no estaba en condiciones de brindar las prestaciones convenidas con Pami por incumplimientos en cuanto a la documentación formal, falta de personal para atender a los pacientes así como falta de equipamientos y normas en los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento.

Incluso se agregó que en un allanamiento al centro de salud no se encontraron historias clínicas de los pacientes tal como exige la ley. Y testimonios de pacientes que contaron que no asistían a esa institución por la mala atención que dispensaban, por lo cual preferían ir al hospital público. Evidencia que, según Di Lello, da cuenta de que “las practicas adjudicadas a la clínica no existieron y por ende se transmitieron falsamente”.